Reforma
2017-12-27
Ciudad de México– La Ley de Seguridad Interior debilita a organismos autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), fiscalías y organismos anticorrupción, advirtió la propia CNDH.
En un posicionamiento ante la entrada en vigor de la Ley, la Comisión señaló además que ésta no representa un beneficio inmediato para las personas, ni para las mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas.
La CNDH reprochó que mientras el artículo 9 mantiene bajo reserva toda la información generada con la aplicación de la Ley de Seguridad Interior, el artículo 21 obliga a organismos como la CNDH a entregar toda la información sobre asuntos que se consideren amenazas o riesgos a la Seguridad Interior.
“Sin parámetros objetivos que la acoten y, por ende, con interpretaciones altamente discrecionales, puede darse el supuesto de que, aun cuando este Organismo Nacional investigue violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas u otras autoridades federales, se vea obligada a entregar los expedientes respectivos a las propias instancias que investiga”, indicó la CNDH.
Con ello, detalló, se violentarían los derechos de las víctimas y se propiciaría que en esos casos no exista verdad, justicia ni reparación.
“Esta disposición debilita, desde antes de que empiecen a operar, la autonomía y efectividad de las fiscalías e instancias anticorrupción autónomas que se han planteado, pues las mismas, de igual forma, estarían obligadas a entregar la información que se les solicite sobre la investigaciones que realicen”, alertó el organismos de derechos humanos.
Por ello, la CNDH lamentó que el Presidente Enrique Peña Nieto haya promulgado la ley, puesto que dejó de lado de lado oportunidad de llevar a cabo un diálogo honesto, plural, incluyente e informado sobre el ordenamiento.
“La CNDH reitera su convicción de que la Ley de Seguridad Interior posibilita que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos, que se afecte el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre entidades, instituciones, órganos del Estado y Poderes, así como el que se apliquen condiciones de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana”, agregó el organismo.
En su posicionamiento, la Comisión advierte que si bien las autoridades han reiterado que la esencia de la Ley es brindar un marco normativo a la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la policías, la realidad es que su alcance trasciende, por mucho, el ámbito estrictamente vinculado a la seguridad de las personas.
“La Ley de Seguridad Interior, en opinión de esta Comisión Nacional, no lleva implícito un beneficio inmediato para las personas, ni tampoco favorece de manera directa a las mujeres y hombres que, como elementos de nuestras Fuerzas Armadas o policías, arriesgan su integridad y vida para la defensa y protección de la sociedad”, señaló la CNDH.
“Por el contrario, abre una ventana para que al amparo de la ambigüedad, la opacidad y la falta de una debida y oportuna rendición de cuentas, se legitime una mayor intervención estatal en la esfera de garantías y libertades de las personas, así como para alterar el orden federal y democrático previsto por nuestra Constitución”.
La Comisión agregó que, a pesar de que el Presidente Enrique Peña Nieto dijo que no emitirá ninguna Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, la Ley ya entró en vigor, pues su aplicación no depende de la emisión de dichas declaratorias.
“Por lo anterior, esta Comisión Nacional reitera que en el ámbito de sus atribuciones promoverá las acciones conducentes para prevenir que se violente el orden constitucional vigente y se vulneren los derechos humanos de las y los mexicanos, haciendo expresa su confianza en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercerá, en las acciones y controversias que sobre este tema se hagan”, agregó.