José Pérez Espino/
El Diario
Ciudad de México— El Gobierno federal mantiene en reserva la fecha de la posible extradición del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera a Estados Unidos, la cual puede ocurrir de un momento a otro de acuerdo con los plazos legales.
Durante una reunión privada entre senadores, funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, se analizaron los motivos del traslado del líder del Cártel de Sinaloa del penal de El Altiplano al Cefereso 9 de Ciudad Juárez, la situación de los procesos penales en su contra y los procedimientos de extradición en curso.
En el encuentro, los legisladores solicitaron que los bienes decomisados y por incautar a ‘El Chapo’ se queden en México para resarcir el daño causado por sus delitos, considerando que la fortuna puede superar los mil millones de dólares, según la revista Forbes, dijo el senador Alejandro Encinas.
Se habló además de las eventuales negociaciones relacionadas con los bienes y recursos económicos que resulten de los aseguramientos y decomisos que se han realizado, o que realicen las autoridades, de conformidad con la legislación aplicable y los convenios vigentes entre México y Estados Unidos.
El 29 de mayo vence el plazo para que la cancillería autorice o no la entrega de Guzmán Loera a una Corte Federal de San Diego, California, tras el aval otorgado por el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México al procedimiento 3/2001, en términos de la Ley de Extradición Internacional. Días después se vence el período para dar respuesta a la petición que hizo Texas.
Hasta la fecha no existe ningún recurso judicial que la impida, pero los tribunales pueden resolver las demandas de amparo en cualquier momento, como informó hace unos días el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales.
La reunión en la Cámara de Senadores fue convocada por la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, encabezada por el senador Alejandro Encinas, aunque su realización no fue incluida en la agenda pública de las cámaras de Senadores y de Diputados.
Por la PGR asistieron Gustavo Salas Chávez, subprocurador especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, y José Manuel Merino Madrid, director general de Procedimientos Internacionales.
Participó también Rosario Graham, directora general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Los funcionarios públicos federales se abstuvieron de comentar con los periodistas lo expuesto en la reunión realizada el miércoles durante la tarde-noche.