Érika Hernández/
Agencia Reforma
Ciudad de México— Tras varios años de discusión en el Congreso y un acumulado de deuda estatal y municipal superior a los 500 mil millones de pesos, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó ayer la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, con la que se busca poner candados al endeudamiento.
Los estados tendrán hasta octubre para modificar sus legislaciones y establecer las nuevas obligaciones para que gobernadores y alcaldes manejen con responsabilidad los recursos locales.
En el caso de los estados, la norma entrará en 2017, y para municipios en 2018.
Por ejemplo, en la nueva ley se establece que las administraciones que comprometieron sus participaciones federales, no podrán volver a contratar deudas hasta que firmen un convenio con Hacienda para sanear sus finanzas, además de que deberán finiquitar sus pasivos con proveedores tres meses antes de concluir su mandato, a fin de no dejar deuda a su sucesor.
Se crea un Sistema de Alertas y Registro Público Único, en el que se calificará la deuda de los gobiernos como sostenible, en observación y elevado.
Esta calificación dependerá de la Secretaría de Hacienda y se actualizará trimestralmente.
Para la Presidencia existe una “regla de oro” para las entidades: los gastos no etiquetados no deben ser mayores a los ingresos y al financiamiento.
No se puede ejercer gasto fuera de presupuesto, afirma, excepto en casos como desastres naturales.
Los presupuestos deberán estar alineados con los planes de desarrollo y deberán hacer planeaciones de cinco y tres años para estados y municipios, respectivamente.
“En caso de déficit, se establecerán los ejercicios fiscales en los que se eliminará el déficit.
La legislación establece que los ingresos excedentes se destinarán 50 por ciento al pago de deuda y otras obligaciones, y el resto a inversión pública o a un fondo para compensar caídas en los ingresos.
Además, cuando la deuda supere 6 por ciento de los recursos previstos en la Ley de Ingresos, deberá contar con la autorización de las dos terceras partes del Congreso local.
Si es menor al 6 por ciento, no requiere autorización, pero debe ser liquidada tres meses antes de finalizar la administración.
En los últimos años, han sido emblemáticos algunos estados por su deuda.
Por ejemplo, Coahuila y Veracruz, en la primera entidad la deuda ascendía a 36 mil millones de pesos y en la segunda a 37.4 mil millones de pesos, además de que existen acusaciones de desvío de recursos.