The New York Times
2016-04-26
En diciembre del 2014, el presidente de México Enrique Peña Nieto viajó al estado de Guerrero, en donde meses antes 43 estudiantes que se dirigían a una protesta en la Ciudad de México, desaparecieron bajo circunstancias turbias y se presume que fueron masacrados.
“Dejemos a un lado esa fase y sigamos adelante”, dijo Peña Nieto en ese momento.
Debe haber creído que podía darle vuelta a la página a esa atrocidad de derechos humanos que encolerizó al país cuando el Gobierno no tuvo respuestas sobre quién y por qué se cometió el crimen.
Semanas antes, forzado por las protestas callejeras y la condena internacional, Peña Nieto permitió que un equipo de expertos internacionales designados por la Comisión de Derechos Humanos Interamericana investigara la desaparición de los estudiantes en colaboración con el Gobierno.
Cuando los expertos interrogaron a los testigos y analizaron la evidencia forense, descubrieron información acerca del secuestro de los estudiantes que se llevó a cabo el 26 y 27 de septiembre, contradiciendo la versión de los eventos que el Gobierno mexicano emitió en enero del 2015 conocida como “la verdad histórica”.
Esa versión, dada a conocer por Jesús Murillo Karam, el entonces procurador general, establece que los estudiantes fueron incinerados en un basurero después de haber sido secuestrados por oficiales de la policía local que actuaron en complicidad con el 'Cártel Guerreros Unidos'.
Sin embargo, el pasado mes de septiembre, expertos internacionales dieron a conocer un reporte en el que afirman que los testigos reportaron haber visto a oficiales de la Policía Federal y personal militar en el lugar del secuestro.
Su investigación también determinó que en el basurero hubo un fuego lo suficientemente grande como para quemar 43 cuerpos.
En lugar de reconocer lo significativo de esos hallazgos, el Gobierno mexicano obstruyó las solicitudes de información y acceso a los testigos clave.
Cuando aparecieron despreciativos artículos sobre dos de las investigadoras –Claudia Paz y Paz, exprocurador general de Guatemala, y Ángela Buitrago, exfiscal colombiana– en la prensa mexicana, el equipo los interpretó razonablemente como una campaña de difamación llevada a cabo con la aprobación del Gobierno, cuya credibilidad habían socavado.
El segundo y último reporte del equipo, que fue dado a conocer el domingo, no establece concluyentemente qué sucedió con los estudiantes.
Pero es imposible no interpretarlo como una condena del notoriamente corrupto y usualmente brutal sistema de justicia mexicano.
Por ejemplo, el reporte dice que la versión del Gobierno sobre los eventos se basó en las declaraciones de testigos que fueron torturados.
Es culpa de los investigadores mexicanos el no haber explorado las líneas de investigación y rehusarse a enmendar los hallazgos anteriores a la luz de la nueva evidencia.
La conducta del Gobierno desencadenó una amplia especulación sobre si los oficiales federales habían tenido algo que ver en el crimen y si posteriormente buscaron la manera de ocultarlo.
Los expertos comentaron sobre sus hallazgos durante una conferencia de prensa que se llevó a cabo el domingo en la Ciudad de México antes de salir del país.
Su obligación respecto a la investigación está por expirar y el Gobierno ha dicho que no la renovará. Los parientes de las víctimas que asistieron a la conferencia de prensa les gritaban “¡No se vayan! ¡No se vayan!”
Ningún funcionario mexicano se tomó la molestia de estar presente.
Eso dio mucho de qué hablar sobre la falta de voluntad política del Gobierno para reformar sus instituciones judiciales y sobre la insensibilidad que muestra hacia sus propios ciudadanos.
[Editorial de The New York Times]