Agencias
2016-04-24
1. PROBLEMAS CON LA VERSIÓN OFICIAL
La versión oficial de que entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 los 43 estudiantes fueron asesinados y quemados en el basurero de la municipalidad de Cocula y sus restos metidos en bolsas y tirados a un río, fue sustentada con testimonios de personas con “serios indicios de tortura” y con elementos que –a juicio del grupo de expertos– no tienen sustento científico, se modificaron a lo largo del proceso sin justificación y no serían aceptables en una investigación bajo estándares internacionales.
2. ATAQUE MÁS COORDINADO
Si en el primer informe los expertos ya hablaban de un ataque coordinado en al menos nueve puntos, el nuevo reporte constata que la planificación fue todavía mayor: se extendió por 80 kilómetros, incluida la localidad de Huitzuco, cuya policía también participó en los hechos.
Esta área se llenó de retenes, tanto de policías como de miembros del crimen organizado, lo que “muestra un modus operandi coordinado para evitar la huida de los autobuses”, según los expertos.
3. DUDAS SOBRE EJÉRCITO Y POLICÍA FEDERAL
Hay numerosas constancias de que la Policía Federal y el ejército estuvieron enterados en tiempo real de lo que pasaba en Iguala, pero este nuevo informe cuestiona duramente la actuación de los federales que “omiten, desfiguran o mienten” en sus informes, dijo la abogada colombiana Angela Buitrago.
El documento constata que la Policía Federal se encargó de organizar retenes y desvíos carreteros que esquivaban la escena de al menos un ataque. También, que bajaron a otros jóvenes del llamado quinto autobús y escoltaron ese vehículo hasta la salida de la ciudad.
4. OBSTRUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN
Los expertos denuncian la falta de voluntad para investigar a altos funcionarios, a miembros del ejército, o a actores clave a los que todavía no se ha interrogado, así como la dispersión del caso en expedientes distintos. También constatan la falta completa de investigación la noche de los hechos o la mala o nula consignación de pruebas y evidencias –algunas, como grabaciones de video, han desaparecido–, errores que han podido contaminar todo el caso.
5. MALTRATO A LAS VÍCTIMAS
El informe evidencia que los supervivientes fueron tratados mal por la Policía Federal y el ejército, que no les resguardó ni quiso colaborar en el traslado de heridos graves.
En total hubo 180 víctimas, incluidos seis asesinados, y 700 familiares directos afectados a los que no se dio un apoyo correcto.
Hubo familias que fueron revictimizadas, como la de Julio César Mondragón, un estudiante torturado brutalmente y desollado. Para conseguir su ADN y cerrar la segunda autopsia una vez exhumado el cadáver, hubo que hacer 44 reuniones y 22 procesos legales en 7 localidades durante 3 meses, con un costo de más de 177 mil pesos (poco más de 10 mil dólares) para la familia, denuncian los expertos.