New York Times News Service
2016-02-08
Arriaga, Chiapas— La camioneta de la policía apareció de repente, apenas un destello de metal y cristal. Los migrantes corrieron a toda velocidad, tropezando con las grietas del pavimento mientras una mujer que barría la entrada de su casa los animaba a apresurarse.
Los diez hombres doblaron la esquina y se escondieron detrás de unos árboles. Era el cuarto día de su trayecto desde Centroamérica y ya empezaban a entender la nueva realidad de la frontera sur: la presión de Estados Unidos es cada vez más fuerte y la respuesta de las autoridades mexicanas es ser cada vez más estrictas.
Los minutos pasaron. Los hombres se dispersaron y se agacharon para recuperar el aliento. Junto a la hilera de árboles, un hombre en sandalias y camisa se les acercó. Les dijo que no se preocuparan, que él conocía el camino hacia el norte.
Pequeño y de ojos amarillentos, el hombre tenía experiencia en el arte de traficar personas. Podía detectar patrullas, parar autos para que lo llevaran e incluso navegar por los caminos ocultos entre la maleza. Podían confiar en él, prometió. Sólo quería ayudar.
Al principio, los migrantes apenas le respondían. Pero entre más hablaba, más difícil se volvía ignorarlo. ¿Qué otra opción tenían? Las alternativas se redujeron a ir con él o ir solos, de regreso a las calles desconocidas inundadas de autoridades mexicanas.
Esas son las opciones de un migrante: evaluar los riesgos de avanzar o considerar la posibilidad de regresar a casa. Los seis hondureños y cuatro guatemaltecos aceptaron a regañadientes.
“Hay dos clases de historias en este viaje”, dijo uno de los hombres, echándose la mochila al hombro mientras el grupo se preparaba para partir. Rafael Lesveri Pérez, un guatemalteco de 38 años, es un veterano del trayecto después de haberlo recorrido tres veces. “Hay verdades y hay mentiras. Sólo el tiempo puede decir cuál es cuál”.
Una red que se extiende
Los próximos dos días fueron un microcosmos del trayecto hacia el norte para los migrantes centroamericanos, un viaje que se ha hecho cada vez más peligroso después del aumento de las medidas de seguridad por parte del gobierno mexicano.
Huyendo de la incesante violencia provocada por las pandillas y de la falta de oportunidades, un inusitado número de centroamericanos tomó rumbo hacia Estados Unidos en la primavera de 2014. Ese año se detuvo a 68 mil 631 niños –casi el doble que el año anterior– en la frontera estadounidense tras haber preferido enfrentarse a los riesgos del recorrido de más de mil 600 kilómetros que a los peligros que enfrentaban en casa.
Para contener el flujo migratorio, el gobierno de Estados Unidos prometió apoyo financiero para mejorar las vidas de los migrantes en sus países de origen. En diciembre se aprobó un paquete de 750 millones de dólares para Guatemala, Honduras y El Salvador.
Pero el gobierno del presidente Obama también tomó otras medidas: presionó al gobierno mexicano para que fuera más estricto en sus propias fronteras y para que, en esencia, creara una red para atrapar a los migrantes a miles de kilómetros de la frontera con Estados Unidos.
La campaña del gobierno mexicano, el Plan Frontera Sur, sirve como primera línea de defensa para los estadounidenses. En el último año, las deportaciones en México se han disparado y los arrestos anuales de migrantes centroamericanos en este país se han duplicado, de 78 mil en 2013, cuando empezó el plan, a más de 170 mil el año pasado.
Aun con todos esos esfuerzos, la campaña del gobierno mexicano no ha podido detener el flujo de migrantes; pero sí ha convertido a este viaje en una travesía aún más peligrosa.
La vigilancia más estricta de las autoridades ha obligado a los migrantes a abandonar sus medios de transporte preferidos –autobuses y trenes– para tomar rutas más riesgosas a pie, a través de tramos apartados en el campo mexicano plagados de pandillas, residentes frustrados y policías corruptos.
Funcionarios y defensores de derechos humanos en los estados sureños de Chiapas, Tabasco y Oaxaca reportan un aumento de la violencia en contra de los migrantes, y no solo por parte de criminales.
La Comisión de Derechos Humanos del país informó que en el primer año de aplicación del plan, las denuncias de los migrantes en contra de las autoridades aumentaron en un 40 por ciento.