Reforma
2016-02-05
Cuernavaca— Un juez federal ordenó a la PGR reconocerle la calidad de indiciado al gobernador de Morelos Graco Ramírez y citarlo a declarar en una averiguación previa iniciada por la denuncia de una ONG, que le imputa un presunto desvío de 2 mil 800 millones de pesos.
El juez federal Jesús Chávez Hernández otorgó al mandatario morelense un amparo para garantizar su derecho de defensa en la indagatoria AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/M-X/066/2015, iniciada por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades.
Al resolver el expediente 415/2015, el juez Décimo Tercero de Distrito en Amparo Penal de esta ciudad determinó que la PGR incurrió en una indebida indeterminación de la calidad jurídica que tiene Graco Ramírez en la averiguación previa.
La investigación inició cuando la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC) denunció al gobernador por la presunta malversación un crédito de 2 mil 800 millones de pesos, otorgado al Gobierno estatal.
La denuncia señala que los recursos fueron destinados para inversiones productivas, pero la administración local los utilizó para fines diversos, como la remodelación del Estadio Coruco Díaz, que tuvo un costo de 400 millones de pesos.
Ante la querella, Graco Ramírez solicitó a la PGR una copia o acceso a la indagatoria, derivada de la anterior denuncia, pero no le fue concedido porque le informaron que no tenía la calidad de indiciado.
Fue precisamente ante la imposibilidad de conocer la acusación concreta, que el gobernador decidió promover su demanda de garantías y que ahora le ha sido concedida.
De acuerdo con información del Poder Judicial de la Federación, el juez estimó que el Mandatario debía tener acceso al expediente ministerial porque no podía no ser indiciado, dado que la denuncia fue presentada directamente contra su persona.
El fallo judicial puede ser recurrido por la PGR ante un tribunal colegiado; de no ser así o confirmarse en la siguiente instancia, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la PGR, adscrita a la Subprocuraduría de Delitos Federales, deberá garantizar el derecho de defensa de Ramírez.
La CMMC ha difundido que la acusación contra Graco deriva de una auditoría ordenada en 2014 por el Congreso de Morelos, para aclarar las contrataciones y comprobación de gastos.