El Universal
2015-11-26
Distrito Federal— La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó de manera definitiva un juicio de amparo presentado por exfuncionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) para impugnar la designación de Eduardo Medina Mora como ministro del máximo tribunal.
Por unanimidad de cuatro votos, la Segunda Sala de la Corte reiteró el criterio de que el juicio de amparo no procede en contra de las designaciones que realiza el Senado de la República tanto para los titulares de los órganos autónomos como para las vacantes que se abren en el Pleno del máximo tribunal.
La resolución de la Sala agrega que la Cámara de Senadores es autónoma y soberana para poder realizar dichas designaciones, por lo que es improcedente el juicio de garantías incluso si lo que se cuestiona son las omisiones o las irregularidades en el procedimiento legislativo.
Por lo anterior, los ministros confirmaron la sentencia del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, el cual ya había rechazado la procedencia del juicio de amparo promovido por la exproyectista de la PGR para la resolución de controversias y acciones de inconstitucionalidad, Davina Guadalupe Ponce Martínez.
El ministro Medina Mora se declaró impedido, por lo que no votó ni participó en la deliberación de este caso.
Este criterio ya había sido aprobado por los ministros de la Corte el pasado 21 de octubre, cuando se desechó un juicio de amparo muy similar que cuestionaba el nombramiento de Luis Raúl González Pérez al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El recurso de queja relacionado con el caso de Medina Mora fue atraído por la Segunda Sala de la Corte el pasado 13 de octubre, a propuesta del Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Distrito Federal.
En la impugnación se reclamaba desde la presentación de Eduardo Medina Mora como integrante de la terna para la designación de ministro de la Suprema Corte, así como su designación, la aceptación del cargo y su omisión de renunciar a dicho puesto, por presuntas violaciones al Artículo 95 de la Constitución que marca los requisitos para llegar al máximo tribunal.
De acuerdo con la ley, el próximo 30 de noviembre los ministros Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero dejarán su cargo tras cumplir el mandato de 20 años para el que fueron elegidos, por lo que el Senado de la República analiza dos ternas enviadas por el presidente Enrique Peña Nieto para cubrir dichas vacantes.
A pesar de que el proceso ha sido cuestionado, esta resolución cierra la posibilidad de nuevas impugnaciones en contra de los ministros entrantes.