Agencia Reforma
2015-11-25
Distrito Federal— La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la PGR solicitó a un juez girar una orden de aprehensión contra Arturo Escobar, ex dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y actual subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación.
Luego de seis meses de investigación, la FEPADE concluyó que el polémico personaje transgredió la ley electoral al haber celebrado como representante del PVEM, durante la reciente precampaña electoral, un contrato con una empresa para la elaboración y entrega indebida de 10 mil tarjetas Premia Platino.
La conducta ilícita estriba en que está prohibido que partidos, candidatos o equipos de campaña entreguen cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, en especie o efectivo, por representar un "indicio de presión" al elector para obtener su voto.
El delito que se le imputa a Escobar es el previsto en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que castiga a quien destine o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato o partido, cuando exista una prohibición legal para ello.
Este delito es castigado de 5 a 15 años de prisión y de mil a 5 mil días multa, pena que podrá aumentar hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral.
El juez tiene 10 días para conceder o negar la orden de aprehensión, o bien, devolver el expediente al Ministerio Público.
La tarjeta Premia Platino, con la que se ofrecieron descuentos en más de 8 mil establecimientos, fue entregada en domicilios de personas no afiliadas al PVEM, antes y durante la campaña, junto con una hoja con la leyenda "Felicidades, muchas gracias por ser Verde", y el logotipo de ese partido.
La averiguación previa de la FEPADE deriva de una denuncia de hechos presentada el 13 de marzo de 2015 por el PAN, a la que se sumó una denuncia interpuesta el 9 de abril por el PRD.
Junto con el subsecretario, la FEPADE ejerció acción penal contra Luisa María Robles Ponce, apoderada legal de Proyectos Juveniles S.A de C.V., empresa que proveyó las tarjetas de descuentos al Partido Verde.