Revelan más desapariciones a manos de policías de Guerrero

Associated Press

Teloloapan, Guerrero— Carlos Sánchez y su familia casi habían terminado el horrible trayecto tras avanzar esa noche a toda velocidad por la sinuosa carretera desde las montañas con rumbo al hospital, cuando chocaron con una camioneta de la Policía atravesada en el camino y las luces apagadas.

Antes de saber qué pasaba, fueron arrastrados desde su carro hasta el vehículo policial. La esposa de Sánchez, su hermana y su primo fueron metidos y tirados en el asiento trasero. No vieron a Carlos, quien horas antes había recibido tres disparos afuera de su casa en Teloloapan, sino hasta que llegaron a un complejo amurallado en las montañas.

Todos habían sido secuestrados por la Policía.

En abril de 2013, Sánchez y su primo Armando de la Cruz Salinas se convirtieron en dos más de los casi 26 mil desaparecidos en México desde 2007. El rapto de 43 estudiantes en la ciudad sureña de Iguala el 26 de septiembre de 2014 a manos de agentes locales atrajo la atención a un hecho notable en la vida de México: la Policía es responsable de varias desapariciones.

El subprocurador de Derechos Humanos, Eber Betanzos, dijo a The Associated Press en agosto que la Policía Municipal había participado en varios secuestros alrededor de Iguala durante el gobierno del alcalde José Luis Abarca, quien enfrenta cargos relacionados con el caso de los 43 estudiantes.

Miembros de la familia Sánchez aceptaron hablar con la AP sobre sus desaparecidos con la condición de no ser identificados. Querían contar la historia de violencia que los rodea como el aire que respiran y cómo la Policía está detrás de muchos casos de quienes ahora son conocidos como “Los Otros Desaparecidos”. Sin embargo, tienen pánico de sus captores y los policías que aún viven entre ellos y operan con impunidad, a veces incluso volviendo para abusar o amenazar a aquellos que se atrevan a hablar.

Sánchez, un vendedor de tacos y padre de tres, regresaba del mercado junto con su esposa la tarde del 2 de abril de 2013 cuando un carro blanco se detuvo afuera de su casa. Dos hombres salieron y uno le apuntó con una pistola. Intentaron forzarlo a entrar al auto, pero se resistió. Entonces le dispararon tres veces antes de irse y dejarlo ahí tirado.

En el hospital de Teloloapan, una ciudad de unos 55 mil habitantes en la zona montañosa de Guerrero, le vendaron las heridas, le pusieron oxígeno y suero, pero dijeron a su familia que no había ningún cirujano disponible y que debían ir a Iguala para operarlo. Le escribieron una carta para garantizar su paso por los tres retenes militares y uno de la Policía instalados entre ambas ciudades.

Sin embargo, una ambulancia lo llevaría sólo si conseguían una escolta armada. Los soldados se negaron a hacerlo.

Después de que en una clínica privada también se negaron atender a Carlos, su primo Armando se ofreció a llevarlos. Iban en camino al hospital en Iguala cuando cayeron en las manos de la Policía.

En el complejo al que los llevaron, iluminados sólo con la luz de los celulares, la familia rápidamente se dio cuenta que no eran los únicos. Entre 15 y 20 personas más estaban sentados en el piso del cuarto, con los ojos vendados y atados de las muñecas y tobillos.

La Policía les quitó los zapatos, cinturones y cualquier cosa de valor; les jalaron las playeras para cubrir sus cabezas, pero por la luz de los celulares alcanzaron a ver a través de la tela cuando arrastraron a Carlos dentro de la casa. A excepción de las vendas, estaba desnudo; la bata de papel del hospital se había perdido.

Estaban rodeados por entre 10 y 15 hombres armados con fusiles, la mayoría usaban el mismo uniforme policial oscuro.

Uno de los secuestradores se acercó a Carlos con una libreta. Le preguntó su nombre, de dónde era, cuántos hijos tenía, y qué hacía. Carlos contestó todas las preguntas, pero de todos modos lo golpearon y patearon.

El hombre acusó a Carlos de robarse caballos de un rancho en Teloloapan. Le dijo que había estado en ese lugar, pero sólo para vender tacos a los albañiles que construyeron los establos. Y les recitó la variedad de sus tacos.

Unos seis hombres se abalanzaron sobre Carlos y lo patearon con furia. Cuando se detuvieron, Carlos volteó hacia su esposa, respiró profundamente y dijo el nombre de su hijo más pequeño, Santiago. Después cerró sus ojos.

Los hombres armados metieron al vendedor de tacos en un sleeping bag verde y lo sacaron. Los otros escucharon cómo caía su cuerpo en la parte trasera de alguna camioneta. Era el turno de Armando, a quien golpearon y luego lo sacaron de la casa. Nunca más lo volvieron a ver. Las dos mujeres fueron liberadas 10 días después.

Después de que la noticia de la desaparición de los 43 estudiantes desatara una tormenta nacional, un vecino que buscaba a su hijo dijo a los Sánchez que familiares comenzaban a reunirse en una iglesia de Iguala para presentar denuncias ante las autoridades federales y dar muestras de ADN. Aceptaron unir sus nombres a las de cientos de otras familias, muchas de las cuales también revelaron historias de policías que se llevaron a sus seres queridos.

Las familias se organizaron para ir a las montañas alrededor de Iguala en busca de los cuerpos de sus desaparecidos. Al paso de las semanas y meses, equipos gubernamentales recuperaron los restos de al menos 104 cuerpos de fosas clandestinas localizadas por las familias, aunque sólo 13 de ellos han sido identificados por pruebas de ADN y pedazos de ropa.

En enero, la familia Sánchez fue informada que habían exhumado una bolsa de dormir verde con un esqueleto adentro. Al lado, hallaron una sonda de suero y una cánula de oxígeno.