Nacional

Marchan por normalista de Ayotzinapa exhumado

Reforma

2015-11-07

Distrito Federal- Familiares y compañeros del normalista Julio César Mondragón exigen a PGR el descubrimiento de la verdad ante el asesinato del estudiante.

La marcha partió de la Plaza de las Tres Culturas y se dirige hacia la Coordinación General de Servicios Periciales de PGR, para reclamar una segunda necropsia objetiva y la apertura de una indagatoria por tortura.

El pequeño contingente va encabezado por la joven viuda de Mondragón, quien no contiene las lágrimas durante su marcha, mientras los automovilistas que pasan les reclaman la obstrucción vial.

"Desde un principio, que nos confirmen la muerte de nuestro familiar, hubiéramos querido una investigación como lo reza la Constitución.

"Ha pasado más de un año, y en el asunto jurídico, desde el 4 de noviembre se llevó a cabo la exhumación porque en el expediente oficial no habla de manera objetiva y real de las causas de su muerte", expresó el tío del joven.

Hasta el momento, acusó, PGR no ha atraído el caso por tortura, y sólo acompaña la investigación por homicidio calificado.

Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el joven de 22 años fue asesinado durante el ataque sufrido por los normalistas en Iguala, y encontrado un día después desollado del rostro y con graves señales de tortura.

El GIEI señaló a la PGR las deficiencias de la investigación sobre la muerte, incluyendo la teoría de que las lesiones fueron provocadas por animales.

El jueves, los restos del normalista fueron exhumados del panteón de San Miguel Tecomatlán en Tenancingo, Estado de México, y trasladado a instalaciones de la PGR para realizar una segunda necropsia.

Se espera que con esto se revelen nuevos elementos sobre el trato sufrido, la causa de muerte y los traumatismos sufridos antes de fallecer, y que no habrían sido examinados en la primera prueba.

La exhumación estuvo a cargo de siete peritos del Equipo Argentino de Expertos Independientes (EAAF) y 15 de la Procuraduría General de la República (PGR), así como de observadores del GIEI, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

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