Apro
2015-08-27
Hermosillo— La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) giró 16 órdenes de aprehensión contra los operadores de una red de sustracción y tráfico de menores que actúa en la entidad desde marzo de 2012.
De acuerdo con la investigación ministerial, hasta el momento se han contabilizado nueve menores que fueron vendidos a “padres delictivos” por cantidades que van de los 80 a los 150 mil pesos.
Los principales inculpados son Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, ex subprocurador de la Defensa del menor, y José Hernández López, ex asesor jurídico de la Unión Ganadera de Sonora.
Según el procurador estatal, Carlos Navarro Sugich, los cabecillas tenían a su alcance las listas de padres adoptivos y de madres en extrema vulnerabilidad, víctimas de adicciones o en condición de calle.
En estos casos, añadió, “los astros se alinearon” para que los inculpados perpetraran la extracción de los menores y obtener un ingreso de parte de parejas interesadas en la adopción.
Además, dijo, la red delictiva se fortaleció y extendió fuera de la capital sonorense cuando encontraron a un proveedor de falsos avisos de alumbramiento, que los “padres adoptivos” mostraban en cualquier oficialía del Registro Civil para legitimar la paternidad de los menores.
“Aún no sabemos si sólo estamos frente a la punta de un iceberg en este caso o es este el iceberg completo”, expresó Navarro Sugich.
No obstante, pese a que confesaron su responsabilidad, los dos inculpados siguen libres, al igual que los otros 14 integrantes de la banda, de quienes no se ha revelado su identidad o si ocupan algún cargo público.
La investigación ministerial derivó de un reportaje difundido el pasado lunes 17 por Larsa Noticias, donde se dio a conocer que la “cloaca” se destapó el 8 de mayo, cuando un grupo de supuestos padres adoptivos realizaron una manifestación en esta capital, afuera de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.
Ahí, los inconformes denunciaron que Vladimir Alfredo Arzate Carbajal y José Hernández López solicitaban sumas de dinero que iban de los 100 mil hasta los 180 mil pesos, pero si los interesados provenían de Estados Unidos la cuota se elevaba hasta los 20 mil dólares (alrededor de 300 mil pesos al tipo de cambio de esa fecha).
El dinero se entregaba a los “gestores” conforme avanzaba el ficticio trámite de adopción, que podría prolongarse hasta tres meses.
Un día después de la protesta, la PGJE solicitó la presentación urgente de Arzate Carbajal, quien fue localizado en Cancún, Quintana Roo, lugar al que había ido a pasar su luna de miel con su esposa Marisol Espinosa, quien también labora en la fiscalía estatal.
La acción penal fue encabezada por el director de averiguaciones previas, Luis Enrique Verdugo Toledo, quien integró un expediente en la agencia primera de Querellas contra Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, bajo el número 01/015, por la presunta trata de personas al gestionar adopciones irregulares, incluida la entrega de menores de edad a personas radicadas en el extranjero.
El expediente ministerial se extiende al Hospital Infantil del estado de Sonora (HIES), sobre todo al área denominada Centro de Atención Integral a Menores (Caims), encargada de determinar si los niños recién nacidos son aptos para continuar con sus madres.
Según datos del Departamento de Neonatología del HIES, mensualmente se detectan 16 casos de drogadicción materna, situación conveniente para el tráfico de menores.