Reforma
2015-08-03Distrito Federal— La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) retiró los fusiles de asalto alemanes Heckler & Koch G36 que había distribuido a policías de Chiapas, Jalisco, Guerrero y Chihuahua.
Esto para "evitar señalamientos al Estado mexicano por parte de organismos nacionales e internacionales", de acuerdo con la dependencia.
El problema no es el tipo ni el calibre de los fusiles, sino la presión de autoridades, académicos y organizaciones sociales de Alemania porque una empresa de ese país vendió armamento para una entidad donde hay sospecha de violación a derechos humanos.
La dependencia adquirió entre 2006 y 2009 un total de 9 mil 652 fusiles Heckler & Koch G36 con un costo de 13 millones 076 mil 316 euros.
Las armas fueron importadas para utilizarlas en tareas de seguridad pública de 27 estados y la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal.
Entre las entidades figuran Guerrero, Jalisco, Chihuahua y Chiapas, estados a los que la Defensa Nacional dotó de casi 5 mil fusiles de asalto en ese periodo para hacer frente al crimen organizado.
A inicios de mayo, un escándalo arreció en Alemania luego que autoridades aduanales de ese país señalaran que Heckler & Koch vendió esos fusiles a pesar de estar expresamente prohibido en la Ley de Control de Armas de Guerra de ese país europeo.
Esta ley prohíbe la venta de armas a entidades donde hay sospechas fundadas de que autoridades cometen violaciones a derechos humanos o son corruptas.
Dicha legislación contempló en esos años a esos estados en ese criterio y ordenó a la empresa Heckler & Koch no enviar armamento a esas entidades.
Sin embargo, el mayor fabricante armas del mundo ignoró la prohibición y vendió los fusiles de todas maneras.
Heckler and Koch fue demandada penalmente en 2010 por activistas por violar la ley en un caso que aún se litiga en los tribunales de Alemania y que ha provocado un escándalo que crece conforme se revelan detalles de la transacción comercial.
El fabricante de armas admitió en un comunicado del 12 de mayo que cometió una operación ilegal y dijo que dos empleados fueron despedidos.
Además, otros cinco trabajadores implicados en la venta de dichas armas dejaron de laborar en la compañía.
Actualmente se lleva a cabo un juicio en Alemania sobre esta venta de armas y la Fiscalía de esa nación ha dicho que habrá resultados sobre ese proceso este año.
Activistas y académicos alemanes han denunciado que los G36 fueron usados en la muerte y desaparición de estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014 en Iguala.
Así como en la represión de diciembre de 2011 contra normalistas de esa misma escuela, en la que murieron dos jóvenes en la autopista México-Acapulco.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó el 17 de junio un punto de acuerdo en el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la PGR y la Sedena "a tomar medidas urgentes y realizar investigaciones exhaustivas" sobre el caso.
El punto de acuerdo, impulsado por el diputado de Movimiento Ciudadano Juan Ignacio Samperio pide determinar y, en su caso, fincar responsabilidad a los servidores públicos o funcionarios involucrados con el ingreso ilegal de armas de origen alemán.
Y es que en el caso que se lleva tribunales alemanes han surgido incluso señalamientos de la empresa alemana sobornó a autoridades mexicanas con dinero en efectivo para obtener los contratos.
La Sedena, en una respuesta a información pedida vía la Ley de Transparencia, aclara que la distribución de armamento en los cuatro estados mencionados no violó ninguna ley mexicana.
Añade que hasta el momento no hay ninguna investigación al respecto.
Los militares que participaron de manera directa en los contratos con la empresa Heckler & Koch fueron los ex directores de la Industria Militar, General Juan Alfredo Oropeza Garnica, actual director de la Unidad Estratégica de Inteligencia de Telecomunicaciones de México; General Humberto Alfonso Guillermo Aguilar; y el ex director de Artillería, General Evodio Aquino Maldonado.
Los contratos también fueron revisados y firmados por los ex directores del Registro Federal de Armas y Control de Explosivos, General Arturo Pérez Cabello; General Gerardo Rubén Serrano Herrera, actual comandante de la Primera Región Militar con sede en el Distrito Federal; y General Adolfo Domínguez Martínez, actual comandante de la 10 Zona Militar asentada en Durango.
Un total de 3 mil 758 fusiles fueron retirados y canjeados por otro tipo de armamento, informó la Secretaría.
También señala que aún faltan por canjear 942 fusiles que fueron entregados a policías de Chihuahua.
Las cifras de Sedena indican que 198 armas fueron compradas para las corporaciones policiales de Jalisco, 561 para las de Chiapas; mil 924, para las de Guerrero y 2 mil 304 para Chihuahua.
También detalla que 287 de esos fusiles fueron extraviados por los estados o incluidas en averiguaciones previas.
A los estados implicados se le propuso cambiar los G36 por fusiles automáticos ligeros calibre 7.62 mm, afirmó la Sedena, pero no precisó de qué marca.