Reforma
2015-04-10
Distrito Federal— La exigencia de los padres de los jóvenes que perdieron la vida en el antro News Divine es la misma que hace casi siete años, cuando ocurrió la tragedia: quieren justicia.
En conferencia, un grupo de ellos expresó su indignación por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que absolvió a 11 policías por la muerte de 12 personas en la discoteca.
Los padres advirtieron que acudirán a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Rubén Tapia Gamboa, padre de Isis Tapia Barragán, una de las jóvenes que falleció, cuestionó si los homicidios quedarán impunes al exonerar a los policías.
"Yo le pido a la Suprema Corte de Justicia, si ya exoneraron a estos 11 policías, ¿quién es el responsable de la muerte de nuestros hijos? Pido acceso a la verdad y a la justicia, queremos justicia", exigió.
"Nosotros los padres estamos indignados con esa resolución de la Corte, si esto pasó con estos 11 policías, ¿qué va a pasar con las otras personas que faltan? Me pregunto si estas muertes van a quedar impunes como ha sucedido en varios casos".
El abogado de los padres, Armando Barrera, aseguró que hay pruebas de la responsabilidad de los uniformados, ya que tenían la capacidad necesaria para prever que su conducta podía derivar en el deceso de personas y les importó más la detención de jóvenes.
"Nos preocupa el hecho que ante tal aseveración por parte de la Corte, se genere un ambiente de impunidad respecto a estos hechos", señaló.
Debido a que el máximo tribunal informó que no ha analizado la responsabilidad en la línea de mando, los padres de las víctimas pidieron que Joel Ortega, entonces jefe de la Policía, y Luis Rosales Gamboa sean retirados de sus funciones de inmediato para presentarse ante la autoridad competente.
También exigieron al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, que se pronuncie sobre este caso, ya que en diciembre de 2009, cuando él encabezaba la Procuraduría capitalina, esta institución decidió no ejercitar acción penal en contra de altos funcionarios.
Los familiares de las víctimas buscan reunirse con los ministros para expresarles su inconformidad por la resolución.