Reforma
2014-12-30
Distrito Federal— Colima y Tlaxcala iniciaron la operación del nuevo sistema de justicia penal en parte de su territorio, informó la Secretaría de Gobernación.
Con ellos suman 28 entidades con el modelo de juicios orales, de los cuales 4 (Yucatán, Estado de México, Chihuahua y Morelos) lo aplican en forma total, para delitos del fuero común, y los 24 restantes de manera parcial.
En su primera etapa, Colima inicia la operación de este sistema en los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, con cinco jueces especializados y cinco salas de oralidad.
Seguirán los Municipios de Cuauhtémoc, Comala, Coquimatlán y Minatitlán, y posteriormente en Manzanillo, Tecomán, Armería e Ixtlahuacán.
Se prevé que en Colima el sistema acusatorio opere totalmente en agosto del próximo año.
En tanto que Tlaxcala arranca en los Municipios de Guridi y Alcocer, en los delitos no graves, con cinco jueces especializados y dos salas de oralidad.
Se tiene programado que en Sánchez Piedras inicie en noviembre de 2015 también con delitos no graves, y para junio de 2016 se culmine la operación total en todo tipo de delitos.
Con el inicio de operaciones en Colima y Tlaxcala, indicó la dependencia, se avanza en redoblar esfuerzos para robustecer el Estado de Derecho en México y garantizar que la reforma penal de 2008 esté vigente en todo el País antes del 18 de junio de 2016.
Durante 2014, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec) apoyó para que 12 entidades lograrán iniciar este nuevo modelo de justicia: Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Aguascalientes, Hidalgo, Campeche, Nayarit, Colima y Tlaxcala.
En un comunicado, la Segob señaló que durante 2015 se buscará aprovechar las mejores prácticas en los estados para acelerar y consolidar el nuevo sistema.
"Para 2016 se tiene el propósito que las 32 entidades federativas operen el sistema acusatorio para que todos los mexicanos cuenten con un sistema eficiente y trasparente que respete los derechos humanos tanto de víctimas como de imputados.
"En donde la pronta reparación de daño para las víctimas, evitando procesos largos y confusos, así como el respeto a la presunción de inocencia de los imputados, sean ejes fundamentales que definan esta nueva forma de dar acceso a la justicia", apuntó.