El Universal
2014-11-28
Cancún, QR.– Personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acudió a la cárcel de Felipe Carrillo Puerto para constatar la situación del periodista independiente, Pedro Canché Herrera, quien es acusado de presunto sabotaje por el gobierno de Quintana Roo, a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).
Un representante de la Comisión de Derechos Humanos y un médico forense arribaron a la prisión el lunes pasado. Ahí se revisó a Canché Herrera, y detectaron que el comunicador maya presenta el adormecimiento del brazo y mano derechos a raíz de la golpiza que recibió el 30 y 31 de agosto pasado, por internos de la cárcel.
"La Comisión Nacional de Derechos Humanos también se acercó con el juez (Javier Ruiz Ortega), con el alcaide de la cárcel (Luis Pérez) para garantizar la seguridad de Pedro; al juez le pidieron la copia de todo el expediente, que anteriormente fue negado a la CNDH, argumentando que no eran parte del proceso.
"Platicaron conmigo y les di todos los documentos sobre las violaciones procesales y de derechos humanos, cometidas en contra de Pedro", informó la abogada Araceli Andrade Tolama, en entrevista con EL UNIVERSAL.
También acudió, por separado y un día después, un funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob), de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos. Esta división trabaja en coordinación con el Mecanismo de Defensa de los Derechos de las y los Periodistas.
"Desgraciadamente el Mecanismo no ha apoyado a Pedro, no ha hecho ninguna acción de protección hacia él, bajo el argumento de que no hay antecedentes respecto a periodistas en reclusión, sólo periodistas amenazados o perseguidos. Dicen que no tienen criterios y como que no saben cómo manejarlo. Por este motivo, la organización Artículo 19 está promoviendo un amparo, porque el Mecanismo deja de actuar", expresó Andrade Tolama.
Canché Herrera, comunicador de origen maya, documentó las protestas de la comunidad de Felipe Carrillo Puerto, a partir de este año, cuando el gobierno estatal aumentó las tarifas de agua potable, como parte de un programa de cambio de medidores iniciado por la CAPA.
Habitantes de Carrillo Puerto tomaron pacíficamente las instalaciones de la Comisión de Agua Potable sin dañar infraestructura pública, ni afectar el suministro del servicio. Sin embargo, los líderes del movimiento social fueron señalados de propiciar los disturbios y se les acusó de presunto sabotaje.
Canché Herrera fue uno de los inculpados. El 20 de agosto pasado se inició la averiguación previa en su contra (AP/ZC/FCP/01/MI/ 565/ 8-2014); ésta, se integró en nueve horas. En dos días, la indagatoria se consignó ante el juez Javier Ruiz Ortega (22 de agosto); el 26 de agosto se libró la orden de aprehensión y tres días después (29 de agosto) se le encarceló.
Los días 30 y 31 de ese mes fue golpeado y torturado por internos de la prisión, lo que le ha dejado secuelas, como adormecimiento de brazos y manos, además de lesiones y dolor en la columna. El 5 de septiembre el juez primero de lo penal de primera instancia, le dictó el auto de formal prisión por sabotaje, delito grave que no admite fianza.
El 29 de ese mes, Andrade Tolama, quien co-litiga el caso, junto con la organización internacional Artículo 19, presentó un amparo en contra del auto de formal prisión, ante un Juzgado de Distrito.
Para la entrevistada, las "evidentes" inconsistencias que presenta el expediente de Pedro Canché demuestran que existe una presunta colusión entre el Poder Ejecutivo y Judicial del estado "para castigar la libertad de expresión, ejercida por un periodista maya independiente".
"Pedro Canché es objeto de persecución política y de la utilización de las instituciones de procuración y administración de justicia para presionar y castigarlo debido a su labor periodística y su activismo social. Canché evidenció, mediante videos en redes sociales, la represión ejercida por el gobierno del estado", indicó la litigante.
Una de las irregularidades que obran en el expediente consiste en que la denuncia presentada en contra de Pedro se inició el 20 de agosto a las 14.19 horas, pero el peritaje de criminalística de campo, avalúo y fotografía, ocurrió un día antes, es decir, el 19 de agosto. Esto implica que el peritaje -que surge de la denuncia- se realizó antes de la denuncia misma.
El peritaje, además, fue solicitado al ministerio público por un funcionario ajeno a la procuraduría, sin facultades para ello y la denuncia se interpuso en la mesa de Delitos contra la Vida, que nada tiene que ver con el delito de sabotaje, que se imputa a Canché.
"Manifiesta el perito que el 19 de agosto de 2014, a las 23 horas, recibió una llamada telefónica por parte del personal de Capa solicitando apoyo y que por eso a esa hora se constituyó en las oficinas de CAPA en FCP, estableciendo como fecha de inspección las 23:10 horas del día 19 de agosto y que lo hizo acompañado de Blanca Imelda Ávila Varguez (subprocuradora de Justicia de la zona centro) y del comandante Joel Castillo Sánchez", se indica en un extracto del expediente.
"La violación al debido proceso y a los derechos humanos radica en el hecho de que resulta completamente inválida cualquier diligencia realizada con anterioridad a la denuncia. Por otro lado no está apegado al procedimiento y tampoco resulta verosímil que personal de cualquier dependencia llame por teléfono a un perito y éste acuda en su ayuda.
"Los peritos pueden actuar sólo a petición expresa, por escrito y oficio del ministerio público", explicó la abogada.
Otra irregularidad estriba en que Luis Alfonso Chi Paredes, apoderado legal de CAPA -quien inculpa a Pedro Canché- declaró que éste, se encontraba entre las personas que impedían el acceso a las instalaciones de la Comisión y que incitaba a los ahí reunidos. En su denuncia no se especifica ni tiempo, modo, lugar, ni circunstancia.
Sin embargo, existen cuatro pruebas documentales y dos testimoniales de que los días 11 y 12 de agosto, Canché Herrera ni siquiera estaba en Felipe Carrillo Puerto, sino en Cancún, señaló la abogada, quien subrayó que esas y otras supuestas pruebas en contra de su defendido, se han caído.
"De las siete pruebas que tenían en contra de Pedro, ya tiré seis y he presentado 20 pruebas a su favor, las cuales han quedado firmes. Esto no es legal, es político. Pedro Canché es preso de conciencia, preso político. Aquí vemos claramente cómo la injerencia del Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, ha influido para entorpecer el proceso y criminalizar la libertad de expresión", dijo.
El caso de Pedro Canché está en manos de la Relatoría de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos; también la Relatoría de Libertad de Expresión y de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Relatoría de Pueblos Indígenas.