Martha Elba Figueroa
El Diario
Distrito Federal— El grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República propuso tipificar como delito las actividades conocidas como “halconeo” e introducirlo en el catálogo de delitos para ser considerados delincuencia organizada. Las penas propuestas van de 4 a 10 años de prisión y de mil a 2 mil días de multa.
El panista Francisco García Cabeza de Vaca, refirió que la delincuencia organizada utiliza nuevas formas de allegarse de información sobre operativos o labores de los cuerpos policiacos, por lo que recurren al pago de informantes o “halcones” que son menores de edad o trabajadores informales quienes se colocan en lugares clave, ellos portan radios o teléfonos celulares para transmitir datos.
El senador recordó que sólo 19 estados consideran esta actividad como delito y las 13 restantes no, por lo que la iniciativa que presentó en la sesión de hoy propone homologar la figura y sanciones en el Código Federal de Procedimientos Penales.
“En el estado de Coahuila se le tipificó el delito de “facilitación delictiva”, en Quintana Roo se le denomina “Uso Indebido de Información Sobre las Actividades de Seguridad Pública”; en Nuevo León se le denomina “Delitos Cometidos Contra Instituciones Oficiales y Servicios Públicos”; en Chiapas se incorporó bajo la figura de “Delitos Cometidos Contra Servidores Públicos”, y en mi estado, en Tamaulipas, se le denominó “Atentado Contra la Seguridad de la Comunidad””, ejemplificó el panista.
Sin embargo, reiteró, a pesar del esfuerzo a nivel estatal, 13 entidades federativas no contemplan la conducta delictiva del “halconeo”, por lo cual se propone homologar la figura y sanciones que le son aplicables a través de una reforma al Código Penal Federal, específicamente con la adición de un artículo, el 129 Bis. Este ordenamiento a fin de que se sancione el delito y se regulen las diversas conductas que constituyen lo que se ha denominado “halconeo”.
La sanción se incrementará hasta en la mitad de lo señalado cuando se utilice a menores de edad, cuando sean servidores públicos o se hayan desempeñado como tal. De estar activos serán removidos de su cargo y quedarán inhabilitados de manera permanente para ocupar un cargo público.
Además, serán acreedores a la misma sanción aquellas personas que utilicen cualquier medio de comunicación como teléfono celular, sistemas de comunicación electrónica o de radiocomunicación, que den a conocer imágenes o datos de las corporaciones de seguridad y fuerzas armadas.
El senador García Cabeza de Vaca agregó que la propuesta busca atacar uno de los eslabones de la cadena con la que opera la delincuencia organizada, ya que el vacío legal que existe en la legislación vigente permite que los policías municipales, estatales y militares detenidos queden libres y vuelvan a delinquir.
La iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estados Legislativos para su análisis y dictamen.
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