H. Prado/R. Herrera
Agencia Reforma
Distrito Federal— El Go-bierno federal confirmó a REFORMA que hasta el término del sexenio no habrá una cifra oficial actualizada de ejecutados o muertos, relacionados con el crimen organizado.
Las últimas estadísticas oficiales de la llamada Base de Datos de Fallecimientos Ocurridos por Presunta Rivalidad Delincuencial cerraron el 30 de septiembre de 2011 con 47 mil 515 fallecidos.
Jaime López Aranda, titular del Centro de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, argumentó que aunque las bases de datos fueron inéditas y ejemplo de transparencia, no pasaron de ser un “experimento” que incluso sembró incertidumbre en el Gabinete de Seguridad, y por ello se decidió no darles continuidad.
Esa decisión fue criticada y considerada lamentable por especialistas, quienes consideraron que con ello las autoridades se quedan sin un insumo indispensable para la toma de decisiones.
López Aranda explicó que “en mi opinión personal, no como funcionario, esta base fue un muy buen experimento de transparencia, pero fue un experimento fallido. O sea, creo que el Estado mexicano no debe hacer la clasificación de muertos por delincuencia organizada porque desvirtúa profundamente el proceso penal”.
La Administración del presidente Felipe Calderón sólo alimentará la información de los “homicidios dolosos” cometidos en el país, que acumulaban 94 mil 357 fallecidos hasta junio de este año, pero no desagregará los relacionados con el crimen organizado.
“Ya no se le va a dar seguimiento (a la base de datos de ejecutados). Las referencias que se tenían eran de agencias federales, Cisen, PGR, Marina, Sedena; un ‘grupo candado” lo juntaba y ese era el dato que se les daba (a los medios).
“Pero yo no tenía una averiguación previa para respaldar cada uno de esos casos porque, además, no puede haber averiguación previa por homicidios de delincuencia organizada. Entonces no tenía respaldo legal”, dijo.
El funcionario abundó: “Pusieron los criterios y dijeron: ‘a ver, si usaron armas de fuego de alto calibre, si movieron el cuerpo, si lo amarraron, si hay huellas de tortura, si se cubren dos o más de estas (características) podrían ser como de crimen organizado’. Tenía sustento metodológico lo que se publicó, pero solamente era aproximación, como un decir ‘me late que este puede ser’ (homicidio por crimen organizado)”, explicó.
López Aranda sostuvo que la base de datos que actualmente conforma la PGR sólo incluye detalles sobre homicidios dolosos, porque las categorías de “ejecución”, de “homicidios relacionados con delincuencia organizada”, o de “fallecimientos relacionados con presunta rivalidad delincuencial” simplemente no pueden utilizarse porque no están tipificadas en ningún código penal.
Reclaman cifra
La decisión del Gobierno federal de sepultar la cifra de ejecutados en el sexenio fue reprobada por especialistas y el líder del Movimiento por la Paz, Javier Sicilia.
El poeta aseguró que la Administración de Felipe Calderón quiere aventar a una “fosa clandestina” la memoria histórica de las personas muertas en la guerra contra el narco.
“Detrás de esto está la misma lógica de los nazis: los seres humanos que mueren en la guerra del narco son cifras, son cucarachas. Ahora no importa ni siquiera contarlas. Esto es el inicio de una forma de nazismo”, dijo Sicilia.
“En realidad nunca se supo (el número de muertos). ¡Inventaron la cifra! Lo hicieron después de que nosotros se los exigimos en el Castillo (de Chapultepec el 23 de junio de 2011).
“Dieron una cifra y, a partir de esa cifra sabemos que mueren y mueren, pero el Pentágono, después quién sabe cómo lo hicieron, hablaban de 150 mil. Y hay alcaldes que dicen que son 250 mil, y todavía falta saber la cantidad de fosas clandestinas que hay. Y lo vamos a saber, algún día lo vamos a saber”.
Eduardo Gallo, ex presidente de México Unido Contra la Delincuencia, consideró que el Gobierno busca dejar al aire la cifra sobre asesinados para que al final del sexenio no se asocie este número al saldo que arrojará la Administración de Calderón.
Ana Laura Magaloni, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo que si está mal la base de datos que la propia Administración federal construyó, entonces lo que se tiene que hacer es realizar otra que sí cuente con los estándares de validez necesarios. (H. Prado/R. Herrera/Con información de Diego Osorno/Agencia Reforma)