Martín Orquiz
El Diario de Juárez
Ciudad Juárez— La violencia y el crimen organizado que afectan a la frontera norte desde hace una década y que van en crecimiento son factores citados por el Gobierno de México como razones para implementar un paquete de estímulos para reactivar la economía en esa región del país, argumenta el Gobierno federal.
El limítrofe fronterizo, además, se convirtió en amortiguador de flujos migratorios, lo que genera otras problemáticas se expone en los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2019, documento entregado al Congreso mexicano la tarde del sábado.
Los estímulos para la frontera norte, que entrarán en vigor el próximo primero de enero, incluyen una zona libre de 30 kilómetros, bajar el monto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16 al 8 por ciento, bajar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) al 20 por ciento, la desaparición del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en gasolinas y un incremento al salario mínimo del 100 por ciento.
En la explicación de los criterios para el ejercicio fiscal se menciona que hace dos años México ocupó el segundo lugar mundial como “zona de conflicto mortal” por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, sólo después de Siria.
En particular, la zona norte del país fue afectada por los elevados niveles de violencia y actividad del crimen organizado, además de la pérdida de dinamismo en la actividad económica.
Se establece una relación entre la violencia y la baja actividad económica en ambas direcciones y que en los municipios fronterizos se generó un círculo vicioso entre estos factores: “lo que justifica el apoyo gubernamental en distintos frentes”.
El Gobierno federal afirma que en los últimos años los municipios más cercanos a Estados Unidos, en especial los que tienen puentes fronterizos como Juárez, presentan altos índices de homicidios.
El documento cita datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), que muestra que la diferencia en el número de homicidios cometidos en los municipios de la frontera norte y el resto del país creció en los últimos años.
Expone como ejemplo que en el 2015 los municipios de la frontera norte presentaron una tasa promedio de 26.2 asesinatos por cada 100 mil habitantes, mientras que en el resto del país la cifra era de 17.8.
El año pasado esos índices fueron de 50.4 por cada 100 mil habitantes en el limítrofe norte y 26.3 para el resto del país.
Aunado a las circunstancias expuestas, la actividad económica fronteriza tuvo choques negativos, especialmente relacionados con la entrada de China como un competidor comercial relevante en la industria manufacturera.
En el escrito se hace referencia a un estudio realizado por Dell et al. (2018), que estima que en México el decremento de una desviación estándar en el empleo de las empresas del sector manufacturero, incrementa la tasa de homicidios en 5.4 por cada 100 mil habitantes.
La alta concentración de la industria en la zona fronteriza provocó que se vea afectada por la combinación de baja generación de empleo e incrementos en la violencia, se explica.
Expone que el estímulo fiscal para la franja fronteriza norte es parte de una estrategia que incluye incrementos en el salario mínimo y la atención de carencias de servicios urbanos básicos, equipamiento y espacios públicos por parte del Gobierno federal.
La intención es mejorar el bienestar de la población a través de incentivar la actividad económica para alcanzar el objetivo indirecto de coadyuvar a reducir la violencia en la región.
El IVA reducido busca incrementar la demanda agregada y ayudar a reactivar los mercados en la región, mientras que la tasa reducida del ISR permitirá a las empresas y personas físicas con actividad empresarial destinar mayores recursos a la inversión, lo que generará más empleos y un aumento en la competitividad.
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