Luz del Carmen Sosa
El Diario de Juárez
Ciudad Juárez— Mientras se mantiene abierto el proceso penal por el asesinato de su hijo Javier Eduardo Rosales en contra de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que participaron en la Operación Conjunta Chihuahua, Margarita Rosales recién se entera del reinicio del patrullaje militar en esta frontera que ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
A casi 10 años del crimen del radiólogo de 19 años, cuyo cuerpo fue probablemente abandonado en el conocido como “Cerro del Águila”, la madre de familia refiere que espera que esta estrategia de seguridad para Juárez sea diferente.
“Espero que vengan con otra mentalidad por el cambio de Gobierno, tengo la esperanza de que así sea, aunque la verdad sí me da miedo (observar a militares patrullando), pero hay que seguir adelante”, dice la entrevistada.
Contra civiles
El archivo periodístico refiere que la mañana del martes 7 de abril de 2009, los probables elementos del Ejército privaron de la libertad a dos residentes de la Unidad Habitacional Benito Juárez: Javier Eduardo Rosales Rosales y el paseño Sergio Gerardo Fernández Lazarín.
Después de dos días de tortura Javier y Sergio Fernández fueron abandonados durante la madrugada del jueves atrás del Cerro del Águila, a un costado del Camino Real.
Sergio llegó por su propio pie a la casa de su madre y reveló que su amigo “El Filo” falleció mientras escapaban. El cuerpo de Rosales Rosales fue localizado 24 horas después durante un rastreo realizado por su madre, familiares y amigos.
El sobreviviente explicó que Javier estaba tan lastimado que no pudo caminar mucho y murió, por lo que él tuvo que abandonar el cadáver para buscar ayuda.
Elementos detenidos
Como probables responsables fueron detenidos el teniente de Caballería Armando Benítez Medina y el coronel de Zapadores Eloy Magaña Barrios por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de autoridad en perjuicio de Sergio Fernández.
Esto debido a que tras el arresto de los dos civiles omitieron consignarlos ante el Ministerio Público por supuestos delitos contra la salud, que motivaron su arresto, y los entregaron a personal castrense que los trasladó al cuartel militar, cita la resolución 228/2014.
Además, menciona que el sargento segundo policía militar José Heriberto Cortez Martínez y el soldado policía militar Roberto Aguilar Hernández son probables responsables del delito de abuso de autoridad al ejercer violencia física contra la víctima con motivo de sus funciones.
“Pues lo llevaron a un paraje solitario y lo golpearon injustificadamente causándole lesiones, conducta que realizaron sin justificación alguna”, cita el documento en la relatoría.
Benítez Medina y Magaña Barrios afirmaron en su declaración que actuaron por una orden recibida de parte de un superior jerárquico, sin embargo en la resolución se establece que el probable delito se comete porque “lo cierto es que sabían que esta orden era contraria a derecho y por tanto no era legítima”, añade la resolución
En el caso de Cortés Martínez y Aguilar Hernández, así como el sargento Abundio (así identificado en el oficio) y los soldados Salvador Cárdenas Agustín, Jaime Roldán Gahona, estos recibieron la orden del coronel Magaña Barrios de reintegrar a la sociedad a tres hombres que estaban en el puesto de mando, de los cuales uno no se podía levantar.
Los dejaron en una brecha rumbo a “Cabeza Juárez”, sin embargo fueron los dos primeros quienes ejercieron violencia contra Sergio.
Incertidumbre jurídica
El pasado 23 de febrero fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un edicto de notificación promovido por el coronel Eloy Magaña Barrios ante el Juzgado Sexto de Distrito contra “los actos reclamados a las autoridades responsables Juez Primero de Distrito de Procesos Penales en la Ciudad de México y Director de la Prisión Militar Número 1-A, con sede en la Ciudad de México”.
El juez primero de Distrito dictó el auto de formal prisión dictado el 29 de octubre del 2017 contra Magaña Barrios por su probable responsable responsabilidad en la comisión del delito de desaparición forzada de personas, derivado de la causa penal 141/2013 en perjuicio de Fernández Lazarín.
Por el crimen de Javier aún no se define la situación legal del grupo de militares detenidos
El coronel Eloy Magaña Barrios también está implicado en el asesinato cometido contra de Saúl Becerra Reyes, privado de la libertad la tarde del 21 de octubre de 2008 y quien fue localizado muerto hasta el 5 de marzo del 2009.
El cuerpo momificado fue localizado en la carretera Casas Grandes-Ascensión, en una brecha conocida como El Zorrito, distrito de Galeana, a la altura del kilómetro 68.
En este caso, según la causa penal 93/2013 radicada en el Juzgado Sexto de Distrito, el coronel enfrenta cargos por desaparición forzada, homicidio y abuso de autoridad junto con el mayor Ignacio Juárez Rojas, asesinado a principios de año junto a su escolta, ya que fungía como Director de Policía de un municipio del estado de Sinaloa.
Además de un capitán de apellido Huerta Miranda, tres oficiales y 12 elementos de tropa que pertenecieron al Quinto Batallón de Policía Militar.
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