Blanca Elizabeth Carmona
El Diario de Juárez
Ciudad Juárez— El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua notificó a los jueces penales de Ciudad Juárez sobre la controversia constitucional interpuesta por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que busca suspender cualquier investigación que pudiera llevar a cabo la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua en contra de funcionarios federales.
Suprema Corte ya otorgó suspensión
En el escrito recibido la semana pasada por los jueces del Distrito Judicial Bravos, con cabecera en Ciudad Juárez, se señala que el Poder Judicial del Estado de Chihuahua fue emplazado a la controversia constitucional 182/2018.
Además a los jueces se les notificó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya otorgó la suspensión para que no se proceda penalmente en contra de los funcionarios del gabinete de Peña Nieto y ha requerido que se remita copia certificada de todos los actos reclamados en contra de los funcionarios federales.
“En cumplimiento al oficio P268/2018 suscrito por el licenciado Oscar Alejandro Jasso Nevárez, secretario adscrito a la presidencia del TSJ, le remito copia de los oficios 33633/2018 y 33628/2018 del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, que actúa en auxilio de las labores de la SCJN”, se lee en el documento recibido por los resolutores.
El oficio está firmado por Juan Carlos Armendáriz Delgado, director de Gestión Judicial del Poder Judicial de Chihuahua.
En el ‘blindaje’ solicitado por Peña Nieto se argumenta que existe un agravio a las esferas de competencia en caso de que el Gobierno de Chihuahua, encabezado por el panista Javier Corral Jurado, investigue a los colaboradores del presidente de la república.
“Los funcionarios federales no pueden ser sujetos a procesos penales del orden local por conductas realizadas en el ejercicio de sus competencias y la aplicación de leyes federales”, se reclama en la controversia constitucional.
Se establece que de no otorgarse la protección de la SCJN se estaría procesando a funcionarios federales por autoridades que carecen de jurisdicción para hacerlo.
Además que se impediría el ejercicio de competencias del orden federal y la aplicación de leyes federales y los procesos y juicios se dejarían sin materia a la controversia constitucional.
En el recurso presentado el pasado 11 de octubre por el consejero jurídico de Peña Nieto, se pide a la FGE de Chihuahua que suspenda las investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración en las que se mencionen o relacionen a actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que tengan relación directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones.
También se requiere que se detenga la emisión de citatorios y que se cancele la emisión de órdenes de detención.
Durante la “Operación Justicia para Chihuahua” se han dictado sentencias condenatorias en contra del exalcalde de Chihuahua Javier Garfio Pacheco, el exdiputado Fernando Reyes, el empresario Iván Eli Sánchez y Martha Patricia Banderas, exadministradora de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua.
También contra Érick Manuel Hernández Aguilar, exrepresentante de Programas de Inversión de Hacienda; María Guadalupe Medina Aragón, excontadora de César Duarte; Ricardo Yáñez Bustillos, exsecretario de Educación, Cultura y Deporte; Karla Areli Jurado Bafidis, exdirectora de Administración de la SECYD, y Germain Lezama Cervantes, representante legal de la empresa poblana “Kepler Soluciones Integrales”.
Además, hay otros 15 duartistas sujetos a proceso penal, entre ellos Jesús Manuel Esparza, Gerardo Villegas Madriles, Enrique Antonio Tarín, Jaime Agustín Fong Ríos, Sergio Medina Ibarra, Pedro Mauli, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez y Jesús Manuel Luna Luna.
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