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El Diario de Juárez
Ciudad Juárez— En lo que va del año se abrieron 185 carpetas de investigación en el estado por el delito de tortura, informó la abogada del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), Carla Palacios.
Además, a través de solicitudes de información pública, se tiene conocimiento que desde el 2010 a la fecha se han puesto 582 quejas ante organismos de derechos humanos por el mismo ilícito a nivel estatal, añadió.
Dijo que la corporación que más quejas tiene es la Fiscalía General del Estado (FGE).
Otro dato que dio a conocer es que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Ciudad Juárez tiene ocho recomendaciones de Derechos Humanos desde el 2013.
“La práctica de la tortura es sistemática en México, es evidente que encontremos una cantidad grande de personas que han sido torturadas, este caso (el de Reinaldo Díaz Díaz, quien es asfixiado con una bolsa de plástico por policías municipales) salió a la luz pública, pero cuántos no se denuncian”, comentó.
Aunque la cantidad de quejas es alta, la de recomendaciones baja porque el proceso es largo.
“Este tipo de tortura, la asfixia seca (cuando tapan las vías respiratorias con bolsas de plástico), no deja secuelas físicas, cuántos casos habrá que no pueden constatar que fueron torturados, porque lo que dicen no tiene validez ni para la sociedad ni para las autoridades finalmente”, expuso.
El visitador titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Adolfo Castro Jiménez, informó que en lo que va del año esa instancia recibió aquí 290 quejas contra personas e instancias, 90 son contra elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), algunas por tortura.
Consideró que ese tipo de agresión es un acto inhumano que debe erradicarse.
Informó que inició una investigación de oficio por el caso de Díaz Díaz.
Por lo pronto, la CEDH identificó a un mando, a un mando medio y a un agente como quienes estaban presentes al momento de infligir la tortura, pero la información será complementada con datos que se obtengan tanto de la SSPM como de la FGE.
“No tenemos recursos ni humanos ni técnicos para sacar los casos, eso afecta llegar a la verdad y a la resolución de esos casos”, declaró Enríquez.
Castro Jiménez ejemplificó la situación con el hecho de que ese organismo cuenta sólo con un médico y un sicólogo para realizar el Protocolo de Estambul y pasa igual con las autoridades.
La circunstancia generó que, por ejemplo, en meses recientes se emitieron ocho recomendaciones por parte de la CEDH, pero de casos expuestos en 2014 y 2015 debido a la lentitud del proceso.
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