Miguel Vargas/
El Diario de Juárez
Ciudad Juárez— La falta de preparación de agentes preventivos para redactar los partes informativos que den sustento legal a las acusaciones contra las personas detenidas por algún delito, obligó a la Secretaría de Seguridad Pública municipal (SSPM) a contratar a 25 abogados, que representan un gasto al erario superior a los 300 mil pesos al mes, y aún con ello continúan desvaneciéndose algunos de los casos ante jueces.
El noviembre del año pasado el nuevo equipo de litigantes de la SSPM relevó a los abogados de la Secretaría del Ayuntamiento para encargarse de las consignaciones de detenidos ante Fiscalía estatal y Procuraduría General de la República (PGR), según archivos periodísticos.
Pero a la fecha jueces del estado han detectado que incluso algunos asesores utilizan el mismo machote o formulario para acusar a los detenidos; es decir, solo cambian los nombres.
Uno de los casos en específico ocurrió en marzo del presente año, cuando el juez de Control, Juan Melitón Hernández Ponce, detectó en una audiencia contra los presuntos narcomenudistas, Jesús Castañeda Romero y Jesús Vicente Ortiz Heredia, ambos detenidos por separado, que los dos fueron arrestados en exactas circunstancias de modo, tiempo y lugar, por lo que no creyó la versión oficial.
Las acusaciones se hicieron por el Ministerio Público en dos audiencias diferentes consecutivas. En la primera se acusó a Jesús Vicente Ortiz Heredia.
El parte informativo de los agentes municipales citaba que “ A las 11:10 horas realizaban un recorrido de rutina en la calle Francisco Javier Mina con dirección al poniente y en el cruce con Ramón Ortiz en el Centro observaron a un hombre que arrojó una botella de vidrio a la banqueta, por lo que se acercaron para decirle que esa conducta constituía una falta administrativa y por ello sería presentado ante un juez de Barandilla, pero antes le practicaron una revisión corporal, encontrándole cinco envoltorios de mariguana”.
En esta primera audiencia el juez le impuso al detenido como medida cautelar la obligación de acudir a firmar cada 15 días ante el personal de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales.
Pero en la audiencia siguiente se presentó una acusación contra Jesús Castañeda, redactada en los mismos términos que la anterior, y fue donde el juez descubrió que se estaba mintiendo en el parte informativo, y optó por dejar en libertad al detenido.
El mismo equipo de 25 abogados de la SSPM, cuyo salario decenal es de 4 mil 500 pesos cada uno, integró la acusación la semana pasada contra Jairo C.B, de 26 años, a quien acusó ante la PGR de tener en posesión 11 kilos de cristal.
Jairo recuperó su libertad en 48 horas, luego de que un abogado logró obtener un video del lugar donde fue detenido que se contrapone a la versión oficial, según dio a conocer el acusado para limpiar su imagen.
Ayer el Primer Visitador de la CEDH, Adolfo Castro Jiménez, reconoció que la llamada puerta giratoria de la justicia comienza con la incorrecta redacción de los partes informativos de la policía preventiva, cuyos agentes, dijo, requieren de una capacitación constante.
Indicó que los errores de modo, tiempo y lugar en un parte oficial son la base para que los jueces determinen que una detención es ilegal.
En archivos periodísticos se encontró que los policías tienen consecuencias al mentir en un parte oficial.
En octubre del año pasado, el juez Félix Aurelio Guerra Salazar, ordenó investigar a dos policías municipales que proporcionaron datos falsos en la acusación 1861/17.
Esto durante la audiencia celebrada el 18 de octubre del 2017 por el delito de homicidio en contra de, Juan Domingo Muñoz Gallegos y Aarón Chaparro Varela.
El juez, ordenó ponerlos en libertad al conocer que el único testigo que los señalaba como asesinos había acudido ante el Ministerio Público de la Fiscalia a denunciar que la versión presentada por los elementos de la SSPM en un acta informativa era falsa y que él no había firmado ese documento.
redaccion@redaccion.diario.com.mx