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Condena ONU detención de empresario juarense

Martin Orquiz/
El Diario de Juárez | Miércoles 05 Septiembre 2018 | 00:01:00 hrs

Ciudad Juárez— Através de un desplegado que se publica hoy en El Diario se da a conocer una resolución emitida por el Consejo de Derechos Humanos, a través del Grupo de Trabajo Sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que establece que la privación de la libertad de Pedro Zaragoza Delgado, ocurrida en enero de 2016, fue arbitraria.

Además, el organismo mundial instó al Estado mexicano para que ponga fin al proceso iniciado en contra de los empresarios Pedro Zaragoza Delgado y Pedro Zaragoza Fuentes al considerar que el proceso judicial y la orden de aprehensión, avalados por el gobierno y jueces del estado de Sinaloa, fueron violatorios de sus derechos humanos.

El hijo de Pedro Zaragoza Fuentes, socio de uno de los principales grupos productores de leche en el país, fue denunciado penalmente por su primo hermano Jorge Zaragoza Villardaga, por una supuesta extorsión que le ocasionó un detrimento económico de 8 millones de dólares.

Zaragoza Delgado, presidente de la Fundación Pedro Zaragoza A.C., fue detenido el miércoles 20 de enero del 2016  en la Ciudad de México, pero enseguida fue trasladado a Culiacán, donde estaba radicado el juez que le libró la orden de aprehensión.

El 14 de marzo del mismo año el Juzgado Sexto de lo Penal decretó su libertad por desvanecimiento de pruebas presentadas en su contra.

Zaragoza Villardaga es hijo de Jorge Humberto Zaragoza Fuentes, hermano de Pedro, quienes se disputan el control del grupo empresarial desde hace varios años.

La resolución, se indica en la publicación de hoy, contiene también la solicitud para realizar una investigación completa e independiente sobre la detención que finque las responsabilidades que correspondan a las autoridades involucradas.

En el escrito se explica que el pasado 17 de abril el Gobierno mexicano fue notificado por representantes del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, con sede en Ginebra, Suiza, sobre la opinión núm. 1/2018 con relación al caso generado por la detención de Zaragoza Delgado, quien permaneció confinado 56 días en un penal de Sinaloa.

La resolución de la ONU, explica el desplegado, “se puede catalogar como un acto de justicia en un país donde las leyes se pueden aplicar por ‘consigna’ y es común que los jueces y ministerios públicos avalen pruebas y declaraciones falsas sin que ese tipo actos sean castigados”.

Añade que en México no existen mecanismos legales para acabar con la corrupción y la impunidad, por lo que la ONU le solicitó al Estado mexicano que reforme su Constitución para evitar que ocurran casos similares.

La representación legal de Zaragoza Fuentes tuvo que recurrir a las instancias internacionales, en este caso a la ONU, para reclamar el acto en el que jueces, magistrados y fiscalías se confabulan con particulares para aplicar la ley por consigna, afectando moral y económicamente a sus contrapartes, indica.

La resolución de la ONU, establece el escrito, es un elemento de prueba que pone en evidencia cómo son las formas de defensa en México, en las que muchas veces carecen de la objetividad legal y su fundamento es la diatriba, la fabricación de pruebas y la compra de jueces que cambia el derecho por argucias gansteriles.

Los puntos resolutivos de la decisión de la ONU establecen que la privación de la libertad de Zaragoza Delgado es contraria a la Declaración Universal de Derechos Humanos y arbitraria, con base en estos criterios el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias solicitó al Gobierno de México que tome las medidas necesarias para remediar la situación y para que sea compatible con las normas internacionales aplicables, incluidas las establecidas en el pacto y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Un remedio adecuado, indica la resolución de la ONU, sería otorgar a Zaragoza Delgado el derecho exigible de una indemnización y otras reparaciones de conformidad con el derecho internacional, además se solicita al Gobierno que ponga fin de al proceso abierto contra él y su padre.

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