Fernando Aguilar/
El Diario de Juárez
Tras la promulgación del decreto que expide la Ley de Seguridad Interior, organizaciones de la sociedad preparan más actividades de protesta en busca de la reversión de esta normatividad.
La legislación fue promulgada el jueves pasado y actualmente se encuentra en un plazo para ser impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que decidirá sobre su constitucionalidad.
Gero Fong Ronquillo, integrante de esta red de agrupaciones, explicó que el martes 26 de diciembre habrá una segunda marcha en la que se manifestarán en las sedes de los partidos que aprobaron la ley, las instalaciones de los medios de comunicación y el puente internacional Paso del Norte.
“Queremos contribuir a un movimiento nacional que logre derogar la Ley de Seguridad Interior”, comentó. “La estrategia militarista del Estado mexicano ya fracasó, no es opción y además abre la puerta al estado de excepción”.
El activista dijo que el movimiento ha cobrado relevancia en Ciudad Juárez en virtud del antecedente militar que pesa sobre esta localidad.
Afirmó que la ciudadanía ha respondido con interés a las convocatorias y ha participado en las actividades programadas a modo de protesta.
“Ciudad Juárez es una plaza en donde la gente es muy sensible a la militarización precisamente por los abusos que se cometieron. Puedo decir que el movimiento aquí se organizó más rápido que en Chihuahua y ha sido muy plural. Todas las fuerzas se unieron”, indicó.
Entre las agrupaciones que conforman este frente que todavía carece de nombre se encuentran Resssiste, Asamblea Popular Regional Paso del Norte, el partido Morena, Colectivo Rosas Rojas, Casa de la Cultura Obrera Celia Hart y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.
El Gobierno federal actuó con autoritarismo y demostró que no le interesaron las voces nacionales e internacionales de expertos en la materia, consideró a su vez Óscar Enríquez, de esta última asociación.
Desde su punto de vista, la normatividad requería más reflexión y tiempo, aspecto que las autoridades no tomaron en cuenta.
“No entiendo por qué tanta prisa”, señaló. “¿De dónde salieron tantas presiones? Ninguna ley había tenido tantas presiones en contra y sin embargo la aprueba rápido. Evidentemente hay muchos riesgos para una vida realmente democrática”.
El activista consideró que un aspecto preocupante es que, una vez aplicada la ley, no habrá autoridad civil que pueda monitorizar en los hechos la actuación del Ejército, lo que pondrá en un estado de completa indefensión y vulnerabilidad a los ciudadanos.
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