Sandra Rodríguez/
El Diario de Juárez
La presencia del Ejército Mexicano realizando tareas de seguridad pública en Ciudad Juárez generó mil 150 quejas ciudadanas por diversas violaciones a los derechos humanos, desde allanamientos de viviendas y tortura hasta ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada.
De acuerdo con datos de Gustavo de la Rosa Hickerson, abogado y quien durante la Operación Conjunta Chihuahua fungió como visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, este saldo de quejas se registró tan sólo en los primeros 10 meses de 2009, que fue cuando la institución empezó a sistematizar las denuncias.
Tal escenario, coinciden derechohumanistas, es un “estado de excepción” de las garantías individuales que, con la ley de Seguridad Interior aprobada ayer en el Congreso de la Unión, legalizará la presencia militar en todo el país.
“Estamos frente a la suspensión del estado de Derecho y nos enfrentamos a un golpe de Estado”, dijo Gustavo de la Rosa, también académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
“La experiencia de Ciudad Juárez es obvia. En Juárez se multiplicaron las violaciones de derechos humanos, la tortura y la desaparición forzada”, agregó Óscar Enríquez, presbítero y director del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, que también atendió diversas denuncias contra los militares.
Entre 2008 e inicios de 2010, Ciudad Juárez fue escenario de la Operación Conjunta Chihuahua, que inició con el despliegue de 2 mil 500 efectivos y llegó a contar con 8 mil soldados patrullando la ciudad y haciendo tareas de seguridad pública e incluso de Tránsito.
“Iniciamos la Operación Conjunta con el objetivo de fracturar y desmantelar las redes operativas, logísticas y financieras de los grupos criminales... demostraremos que ningún grupo criminal será capaz de resistir la fuerza del Estado Mexicano”, dijo aquí el 27 de marzo de 2008 el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
En el período, sin embargo, se disparó el número de asesinatos y, de las 320 víctimas registradas en 2007, la cifra aumentó a mil 623 en 2008 y a 2 mil 657 en el año siguiente.
Lo mismo, indicaron las fuentes entrevistadas, ocurrió con las violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con De la Rosa, si bien la cantidad de quejas documentadas contra los militares en 2009 fue de mil 150, se estima que en los poco más de dos años de presencia militar hubo en la ciudad alrededor de 5 mil allanamientos de viviendas.
También, dijo, ante la Procuraduría General de la República se presentaron 485 denuncias penales por delitos atribuidos al personal militar.
“Yo documenté 23 desapariciones forzadas, en las que teníamos a la persona viva antes de la que detuvieron (los militares) y que no aparecieron nunca. Logramos también abrir 11 casos de ejecución extrajudicial, de militares que detuvieron personas que luego aparecieron muertas”, agregó De la Rosa.
Juárez fue la zona urbana de México con la mayor concentración militar durante el sexenio del expresidente panista Felipe Calderón, quien en una visita a las tropas desplegadas aquí en mayo de 2009, dijo que esta “ciudad es la punta de lanza para enfrentar a los enemigos de la Patria”.
Por esta experiencia, han señalado diversos activistas, la violencia registrada en Juárez es muestra de las consecuencias de la militarización de la seguridad pública.
“Los juarenses ya tenemos la experiencia de sufrir a los militares en las calles haciendo labores de seguridad pública, vimos cómo aumentaron los crímenes, la tortura y las ejecuciones cuando la ciudad se militarizó”, dijo Gero Fong, activista que participó en el Frente Plural Ciudadano formado para protestar contra la Operación Conjunta.
“Y básicamente lo que se aprobó fue la legalización de esta militarización, pero a nivel nacional; ya no va a depender de operativos conjuntos: se trata de una ley de excepción, de un retroceso de los derechos democráticos y un grave peligro”, agregó el también integrante Asamblea Popular Regional Paso del Norte.
Fong informó también que se organizó una concentración hoy sábado en el parque Borunda, en la que se determinarán las acciones de protesta contra la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. (Sandra Rodríguez / El Diario)