Luz del Carmen Sosa/
El Diario
La sentencia condenatoria contra el general Manuel de Jesús Moreno Aviña, a 52 años y medio de prisión al comprobarse su responsabilidad en los delitos de tortura, homicidio y destrucción de cadáver, da esperanza a familiares de víctimas que están en proceso legal contra personal castrense por los crímenes aquí cometidos.
“Puede ser que sí pase algo”, dijo la madre de un hombre que probablemente fue asesinado por personal castrense y que cuenta con el expediente y conoce los nombres de los militares acusados de homicidio.
La incursión militar ordenada por el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa con la implementación de la Operación Conjunta Chihuahua, dejó al menos ocho víctimas de homicidio en Ciudad Juárez y varias personas desaparecidas, que aún no son localizadas.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido del 2007 al 2016 un total de 120 recomendaciones contra el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), de las cuales 14 corresponden a hechos registrados en esta ciudad.
Las recomendaciones no implican una sentencia condenatoria, sino la acreditación de actos ilegales cometidos por el personal castrense contra la población civil o al interior de los cuarteles militares.
Las recomendaciones retratan la actuación ilegal de los militares que irrumpían en domicilios sin orden de cateo, detenían a sus objetivos y los llevaban al cuartel militar para ser sometidos a actos de tortura.
En algunos casos las personas fallecieron y fueron abandonados en la zona desértica, varias de las víctimas aún siguen desaparecidas.
Relatos de horror
El horror de las intervenciones militares queda plasmado en cada uno de los relatos que hacen las víctimas y sus familiares ante los visitadores de la CNDH.
En estos casos las resoluciones no implican la liberación de los acusados por los militares, sanciones a los agentes del Ministerio Público Federal que procedieron a los detenidos pese la ilegalidad de los arrestos, tampoco el castigo penal contra los agresores.
La primera recomendación fue a favor de policías municipales, en este caso los agentes atendían una solicitud de emergencia a bordo de su patrulla y a la altura del “Puente del Zorro”, fueron alcanzados por un convoy militar que les disparó.
En la intervención militar un oficial quedó herido y otro fue detenido y trasladado a la Guarnición Militar para posteriormente ponerlos a disposición del Ministerio Público Federal, según la recomendación 15/2009.
La recomendación 28/2009 refiere que los soldados detuvieron al agraviado en el interior de su domicilio y fue trasladado al interior de instalaciones militares, donde fue objeto de actos de tortura y golpes antes de ser consignado.
La recomendación 33/2009 menciona que los militares detuvieron a los agraviados en el interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Hacienda del Nogal y los hicieron objeto de golpes y malos tratos antes de ser consignados.
Los soldados fueron acusados de sustraer diversos objetos de valor del interior del inmueble.
Excesos alcanzaron a jefe policiaco de Juárez
En la resolución 34/2009 2, la CNDH se pronunció con relación a la detención de 22 elementos de la Policía Ministerial, entre ellos el actual secretario de Seguridad Pública, César Omar Muñoz y de la entonces CIPOL.
Otra agresión fue perpetrada el 14 noviembre del 2008, cuando elementos del Ejército Mexicano detuvieron a las víctimas en el interior de su domicilio, sin que fueran puestos a disposición de la representación social. Hasta la fecha de emitida la recomendación se desconoce su paradero
El 9 de abril del 2008 soldados detuvieron al agraviado en el interior de su domicilio y lo trasladaron a instalaciones militares, donde fue objeto de actos de tortura en diversas ocasiones.
El 30 de marzo del 2008 los agraviados fueron detenidos en el interior de su domicilio y trasladados a instalaciones militares, donde fueron objeto de tortura y tratos crueles en varias ocasiones con la finalidad de obtener información relacionada con diversos hechos delictivos. Fueron consignados hasta el 2 abril.
El 23 agosto del 2008 los agraviados fueron detenidos en el interior de su domicilio y trasladados a las instalaciones militares, donde fueron torturados en diversas ocasiones
El 4 de mayo del 2009, elementos del Ejército mexicano detuvieron al quejoso en el interior de su domicilio, y posteriormente fue sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, antes de ser consignados por el delito de la posesión de enervantes.
Otro caso similar ocurrió en esa misma fecha.
El 4 diciembre del 2008, un hombre fue víctima de actos de tortura y tratos crueles, ocasionándole diversas lesiones en diferentes partes del cuerpo.
Otros casos similares están relacionados con tortura de más víctimas.
Se hizo justicia: Duarte
La sentencia que le fue dictada un general que estuvo asignado a Ojinaga en el 2008 y que fue acusado del homicidio de un detenido, fue calificada por el gobernador del Estado, César Duarte como una muestra de que se aplicó la justicia.
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