Luz del Carmen Sosa/
El Diario
De la mano de su padre, Melissa recorre los restaurantes donde comensales degustan burritos y mira los alimentos ansiosa. Mesa por mesa, Jorge explica a los clientes que tiene un familiar internado en el Seguro Social, que son de fuera y carece de dinero para comer.
Melissa tiene menos de dos años y parece muy ajena al conflicto familiar, pero no deja de repetir la palabra “papa” que luego acompaña con una rabieta. Su padre la aleja de la mesa donde dos consumidores llevan a su boca la tortilla de harina rellena del guisado caliente ignorando la solicitud del padre y su niña.
En otro punto de la ciudad, muy cerca de la sierra de Juárez, un activo estudiante de la primaria Domingo Bravo Oviedo observa el trabajo de albañilería que realizan los propios padres de familia en la construcción del comedor comunitario.
Pronto tendrán un espacio para la preparación e ingesta de sus alimentos, que regularmente comen en el sitio lleno de arena por la ubicación geográfica del plantel.
El menor es de los estudiantes que está destacando en aprovechamiento escolar y de vez en cuando tiene habilidades para mezclar el cemento, acostumbrado a trabajar en la obra junto a su padre y hermanos.
Casi en el centro de la ciudad, Daniel y su padre dialogan sobre la historieta que creó como tarea escolar. Sus padres y maestra lo estimularon para participar en un concurso que reunió a diversos menores.
Kevin González y sus hermanos son huérfanos que quedaron al cuidado de su abuela, su padre fue asesinado y su madre está reportada como desaparecida. Ellos están internados en la Ciudad del Niño y cada fin de semana visitan a su abuela, empleada de empresa maquiladora.
Estos son los diversos escenarios en los que viven los niños en Ciudad Juárez que hoy conmemoran su día y que aún se desarrollan en condiciones adversas ante la falta de políticas públicas que garanticen el pleno acceso a los derechos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la que México está suscrito desde 1989.
En Chihuahua residen 1 millón 194 mil niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años: es decir, el 33.6 por ciento de la población total en el estado.
Reconocidos como sujetos de derecho ante la ley desde hace varios años, pero aún invisibles en los hechos, este segmento de la población enfrenta situaciones complejas que se agudizan más por la falta de recursos económicos en el hogar y la ausencia de verdaderas políticas públicas por parte del Estado.
“Son sujetos de derecho, pero poco se les reconoce, esa es la realidad. Hasta hoy no existe en la ciudad indicadores de la infancia a nivel municipal”, dice Catalina Castillo, directora de la Organización Popular Independiente (OPI) y quien ha laborado en las comunidades asentadas en la zona poniente de la ciudad en los últimos 26 años.
Esta falta de información y la omisión para generar la misma revela un desinterés del Estado, entonces cómo se toman las decisiones desde el Gobierno a favor de las niñas y los niños, cuestiona.
La infancia, por muchos avances que se puedan observar al contar con un hospital, con escuelas de horario extendido y becas para asistir a estancias infantiles, es la población más rezagada y aún no entendemos las consecuencias que esto nos trae como sociedad, sentencia.
Para la socióloga que impulsa las guarderías participativas y la crianza solidaria, esta población ha carecido históricamente de bienes sociales para la infancia, desde la falta de servicios de cuidado diario y la falta de preescolares comunitarios.
“Tenemos 156 mil niños en edad preescolar y sólo 20 mil tienen posibilidades de estudiar y los niños del poniente tienen menos posibilidades que los niños habitantes de otras partes de la ciudad”, plantea.
Lo anterior se agrava cuando los menores se quedan en casa bajo el cuidado de familiares o las parejas sentimentales de los padres o las madres, y que los deja expuestos a violaciones y abuso sexual.
Tan sólo de enero a abril de este año la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género abrió 203 carpetas de investigación por delitos sexuales cometidos en contra niñas y adolescentes, revela Silvia Nájera, vocera de esta fiscalía.
Estas estadísticas ratifican que la violencia de género, la discriminación y particularmente la violencia sexual inicia en la niñez y los principales agresores están en casa, un hecho que se encuentra normalizado en nuestra sociedad, expone Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México.
Datos de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI establecen que el número de niños menores de cinco años ascienden a 315 mil, 685 mil se encuentran en edad escolar (5 a 14 años).
Son 194 mil adolescentes de 15 a 17 años los cuales requieren de una atención integral en materia de educación, salud e integración social que cumpla las demandas específicas de este grupo que se prepara para integrarse a la vida adulta, cita la encuesta.
En muchos casos los menores se están educando en contexto de la pobreza, marginación, discapacidad, violencia intrafamiliar o trabajo infantil.
“Estos contextos se pueden dar de forma aislada, o bien, coexistir de manera conjunta”, plantea el estudio.
De los derechos de los niños
Cuando Daniel plantea en su historieta el derecho que tiene un niño a tener un nombre personal, explica que no son los apodos los que identifican a la persona. Es el nombre y el apellido.
De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la inscripción en el registro civil es un derecho que tienen todos los niños para adquirir una identidad jurídica.
En el estado de Chihuahua, 4.3 por ciento de los hijos nacidos vivos de 2011 a 2013 no se registraron ante el Registro Civil, y de los registrados 94.9 por ciento, un 89 por ciento fue registrado antes de cumplir los seis meses de edad, 8.6 por ciento fueron registrados con más de seis meses pero menos de un año y 2.4 por ciento se registró con uno o más años de edad.
En 2014 y para los hijos nacidos vivos de 2011 a 2013, 1.3 por ciento no cuentan con un certificado de nacimiento.
Melissa aunque desconoce, por su edad, que acompaña a su padre para solicitar dinero y que esto se puede considerar una actividad económica o explotación infantil, en Chihuahua es una situación que ocurre de manera frecuente.
El Módulo de Trabajo Infantil (MTI) muestra que en 2013, la tasa de ocupación de la población de 5 a 17 años es de 3.1 por ciento, que corresponde a 29 mil niñas, niños y adolescentes que realizan alguna actividad económica; de ellos, 70.3 por ciento son niños y 29.7 por ciento son niñas.
Frente a este escenario, dice Juan Martín Pérez García, director de la REDIM, el Estado mexicano aún tiene una gran deuda con los derechos de la infancia en nuestro país.
Las organizaciones a favor de la infancia esperan que se cumpla con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
También que haya sólidos avances en la instalación del Sistema Nacional de Protección Integral (SIPINNA), en Juárez esta misma semana fue designada la secretaria ejecutiva y aunque carece de un presupuesto y un diagnóstico con indicadores sobre las condiciones de la infancia en Juárez, las organizaciones esperan que no quede sólo en un acto protocolario.
Para que a través de la articulación de las dependencias de los diferentes órdenes de gobierno hagan posible focalizar las tareas en estos temas que son urgentes para la infancia, urgen Pérez García.