Luz del Carmen Sosa/
El Diario
Por brechas y caminos vecinales personal de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, así como elementos de la Policía Estatal Única (PEU) rastrean el Valle en busca de más cuerpos.
El fiscal general Jorge González Nicolás informó que con base a las declaraciones de dos detenidos Isidro Soto Aguilar, de 39 años, alias “El Pantera” y supuesto líder de la estructura criminal del cártel de Sinaloa, y Mauricio Luna Aguilar de 42, alias “El Papacho”, están buscando decenas de cuerpos.
“El hallazgo de fosas clandestinas en el Valle son producto de las labores de investigación y detenciones que ha hecho la Policía Estatal Única junto con el Ejército Mexicano. Hemos presentado a dos personas en distintas detenciones que se hicieron y ellos participaron como sicarios”, dijo el abogado.
Agregó que en los interrogatorios que han hecho los agentes estatales “ellos (los detenidos) nos dijeron que participaron en la muerte de estas personas y se seguira trabajando para encontrarlos. Es parte de la informacion que se está obteniendo de los últimos dos detenidos y que participaron en más de 25 a 30 homcidios, algunos en la vía pública o han ido a inhumarlos.
Residentes de Guadalupe informaron que durante el transcurso de esta semana han visto la movilización policiaca, pero ahora es mucho más discreta, ya que al parecer no desean que se hagan públicos los hallazgos de más cadáveres.
“El hallazgo de fosas clandestinas en el Valle son producto de las labores de investigación y detenciones que se han hecho”, precisó el fiscal.
Los residentes de este municipio aseguran que el Rancho La Herradura, donde el año pasado fueron exhumados varios cuerpos, debe ser revisada centímetro a centímetro.
“Hace cinco meses un perro encontró un brazo humano, el dueño del perro por miedo no dio parte a la autoridad y arrojó el brazo al canal. Él nos ha dicho que por las noches se escuchaban gritos y sabemos que ahí hay más muertos, pero no hay confianza en las autoridades”, aseguró el entrevistado.
Los pobladores sostienen que existe complicidad entre los agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) con la delincuencia organizada.