Luz del Carmen Sosa/
El Diario
La Fiscalía General del Estado (FGE) indaga el homicidio cometido contra el residente del fraccionamiento SUTERM y como línea de investigación rastrea el registro de la empresa de seguridad que presta sus servicios a la zona residencial.
Vecinos del sector informaron a los policías municipales, primeros respondientes a la escena del crimen, que la víctima fue agredido por el propietario de la empresa de seguridad y responsable del cobro de las cuotas impuestas a los residentes del fraccionamiento y con el cual el joven fallecido ya había tenido conflictos, según expusieron los vecinos.
Hasta ayer por la tarde la víctima no era identificada oficialmente, sin embargo, amigos familiares informaron a El Diario que la persona asesinada respondía en vida al nombre de Óscar Enrique Heredia Irigoyen, de 27 años, quien era empleado de la Comisión Federal de Electricidad, casado y padre de tres hijos.
La muerte del residente del fraccionamiento SUTERM, creado para empleados de la Comisión Federal de Electricidad impactó a integrantes de la Red de Vecinos de Juárez, que cuestionaron una vez más, las facultades y atribuciones de las empresas de seguridad, así como también lamentaron la poca disponibilidad de muchos residentes para implicarse en los comités vecinales.
“Debido a la falta de regulación de algunas empresas de seguridad, hoy lamentamos la pérdida de un padre de familia”, dijo una residente de este fraccionamiento a través de la red social Facebook creado por la Red de Vecinos de Juárez.
La ciudadana expuso que infinidad de veces se opuso al reguardo de la seguridad en manos de esta compañía, la cual aún no ha sido identificada.
“No se vale que, sea cual sea, la corporación quieran hacer valer una autoridad, ni mucho menos quitarle la vida a un ser humano, que esto nos sirva de experiencia para unirnos más como ciudad, comunidad, cuántas familias más se tendrán que llenar de luto para poder sentirnos seguros en nuestro hogar”, dijo la vecina afectada.
Los vecinos acordaron investigar el nombre de la empresa de seguridad y difundirla a fin de no contratar sus servicios.
Ayer la Fiscalía expuso que es urgente que la única empresa de seguridad privada en la ciudad facultada para otorgar el porte de armas a guardias y escoltas, entregue el total de registros a fin de conocer quiénes son las personas autorizadas para hacer uso de las armas de fuego.
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