Luz del Carmen Sosa/
El Diario
La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó ante ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Gobernación (Segob) la cancelación del registro de armas de fuego a la Agencia de Seguridad Integral (ASI), S.A. de C.V. por incumplir con el Registro Estatal de Empresas, Personal, Armamento y Equipo de Seguridad Privada.
El fiscal general Jorge González Nicolás dijo que esta Fiscalía ya interpuso la queja formal y oficial ante las autoridades federales y tendrán que proceder, incluso con la cancelación del permiso que tiene esta empresa privada, mientras tanto los elementos de la Policía Estatal Única continuarán asegurando el armamento que corresponda a esta empresa y deteniendo al personal que la porte, por no estar debidamente registrados, advirtió el fiscal.
Anteriormente el fiscal expuso que, independientemente de que ASI cuente con registro ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Gobernación (Segob), debe registrarse ante la FGE, ya que existe un total descontrol al ignorar la autoridad estatal el número de personas armadas, amparadas con una licencia particular colectiva de esta empresa.
“Los elementos que traigan un porte de arma de esta empresa y que no venga con su objetivo, el ciudadano bajo custodia, los vamos a detener y si hay algún delito en que incurran serán consignados ante Ministerio Público del fuero común o del fuero federal y vamos a retener y a consignar las armas de fuego, expuso el fiscal.
González Nicolás planteó que empresas como ASI deben existir porque empresarios, comerciantes y profesionistas, que se sienten en riesgo requieren seguridad adicional y por eso son necesarias estas empresas que están facultadas para armar personas.
“Por fortuna cada vez menos en Chihuahua y Ciudad Juárez los empresarios requieren de una seguridad adicional, pero en lo que no estamos de acuerdo y por eso estamos presionando a las autoridades federales a poner fin a esta situación es que estas empresas trabajen por su cuenta sin hacer un registro del personal armado como lo marca la Ley Nacional de Seguridad Pública”, planteó González Nicolás.