Staff/
El Diario
En los gobiernos municipal y estatal debe hacerse una investigación para establecer si hay más burócratas involucrados en el tráfico de drogas y si son parte de algunos de los grupos del crimen organizado, advirtieron ayer organizaciones sociales.
Los casos del velador A en la Dirección de Centros Comunitarios y el del maestro de secundaria que traficaban droga hacia El Paso revelan que existe “un narcoestado” en la ciudad y en la entidad federativa, indicó una activista social.
Esos criminales tienen que ser aprehendidos en otro país porque aquí ni siquiera se les detecta, al contrario, se les brindan facilidades para que conserven sus plazas, señaló otro.
Laurencio Barraza Limón, director del Consejo Ciudadano por el Desarrollo Social, dijo que la información dada a conocer sobre este caso indica que ambos detenidos hacían trasiego de drogas hacia El Paso.
Pero al parecer se trata de un grupo más complejo en el que están involucrados más integrantes en las estructuras de los gobiernos estatal y municipal, agregó.
Barraza Limón indicó que las autoridades correspondientes deben hacer una investigación sobre esto, tienen que llegar a fondo y establecer si esos tipos colaboran con algunos de los grupos del crimen organizado.
Además, parece que no hay control de la parte administrativa de los gobiernos, pues deberían tener una mayor atención sobre los trabajadores y actuar en forma oportuna, indicó.
Pero hasta les dieron facilidades al tramitarle, al menos a uno de ellos, un permiso cuando ya estaba preso para que conserve su empleo en el Gobierno, expresó.
Se tiene que hacer una investigación y una auditoría que abarque a muchos de los trabajadores y también a los funcionarios, pues una cosa son los derechos y otra permitir estas cosas, comentó.
Catalina Castillo Castañeda, directora de la Organización Popular Independiente (OPI), dijo que ese par de sujetos son como la punta de un iceberg y por lo tanto debe emprenderse una investigación a fondo en dependencias de Municipio y Estado.
Pero este trabajo no debe ser realizado por el mismo Gobierno, pues sería juez y parte y se exoneraría, sino por un organismo ciudadano, indicó.
Señaló que en las oficinas del Municipio y del Estado hay un nivel de poca profesionalización y de muy poca ética en el trabajo.
Esto tiene que ver con una práctica política y partidista, además de que el PRI tiene antecedentes de muchas personas criminales que están insertadas en ese tipo de organizaciones, agregó.
Esta es una demostración del involucramiento entre el crimen organizado y el Gobierno, entonces se vuelve a comprobar que existe un ‘narcoestado’ en nuestras ciudades y nuestro país, indicó.
El caso del maestro y el velador que son narcotraficantes impacta en dos áreas en las cuales se debe tener una gran ética profesional y un buen perfil, expresó.
Por lo menos deberían pedirles carta de no antecedentes penales a sus trabajadores, apuntó.
Juan Hernán Ortiz Quintana, director del organismo Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap), dijo que un Gobierno no puede controlar todo lo que hacen los empleados.
Pero algo está pasando en el estado, quizá sea la impunidad, porque se están cometiendo crímenes muy cercanos inclusive al Gobierno y aquí no se tienen resultados, agregó.
“Cuando arrestan a alguien parece que tiene que ser en otro país, porque aquí no se les arresta, y las personas que los cometen son cercanas al Gobierno”, expresó.
Ciertamente, el Gobierno no puede controlar la vida de sus empleados, pero la impunidad es tal, que gente cercana a la autoridad comete crímenes, comentó. Esto porque el mensaje que manda la impunidad es que tienen que arrestarlos en otro lado porque aquí ni siquiera los detectan, finalizó.
redaccion@redaccion.diario.com.mx