Blanca Elizabeth Carmona/
El Diario
Un hombre fue vinculado a proceso penal por su presunta participación en el delito de homicidio, sin embargo recibirá una pena menor debido a que un juez de Garantía hizo una reclasificación.
Al resolver la situación jurídica de Obed Gustavo Chavarría Rivera, el juzgador consideró que cometió el crimen en legítima defensa, pero se excedió en la fuerza que empleó.
Entre el 19 y 20 de diciembre de 2014 Brayan de la Garza Robles fue degollado en el interior de un inmueble ubicado en la calle Luis Calderón Vega número 2935 de la colonia Manuel Gómez Morín
De acuerdo con los datos expuestos en la audiencia realizada ayer en la décima tercera sala de la “Ciudad Judicial”, la víctima citó a Chavarría Rivera en el domicilio antes referido y hubo una discusión en la que al parecer salió a relucir un arma de fuego calibre 9 milímetros por parte del ahora fallecido.
Cuando De la Garza Robles ya estaba en el piso sometido por Chavarría Rivera, supuestamente éste le dijo “más vale que me mates porque si no, me voy a desquitar con tu familia”. Fue entonces, que presuntamente Chavarría tomó un cuchillo y lo degolló.
Los problemas entre ambos hombres habían iniciado semanas atrás, luego de que De la Garza le vendió en 15 mil pesos una camioneta al ahora detenido. Pero cuando Obed Gustavo ya la había pagado 10 mil pesos, decidió incrementar al doble el costo del vehículo. Le pidió 30 mil pesos y Chavarría se negó a pagar esa cantidad.
El juez Ever Sandoval le dio valor de prueba a la declaración del sospechoso así como al dicho de la novia de la víctima y a un testigo de oídas.
“Me parece verdadera y honesta la declaración del imputado. El relato es coherente, Brayan lo amenazó con el arma y esta fue la respuesta; al parecer lo golpeó con un fierro o pedazo de motor y fue entonces que la víctima le dijo más vale que me mates y es ahí cuando se ejerce un exceso en la fuerza”, indicó el resolutor.
La penalidad a imponer disminuye en estos casos una cuarta parte, por lo que el procesado podría recibir una sentencia de dos a cinco años de cárcel.
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