Edwin López/
El Diario
“No se puede ir a la cárcel por deudas de carácter civil”, aseguró Griselda Sosa, dirigente del Barzón, después de recibir anteayer cuatro casos más de desalojo en los cuales abogados de cobranza amenazaron de mandar a deudores del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) a la cárcel si no firmaba su “entrega voluntaria”.
“Es mi voluntad solicitar que me reciban la posesión de la vivienda ya que deseo continuar con el adeudo ante la institución”, indica la declaración que individuos querían hacer firmar, con amenaza de cárcel, a Guillermina Juárez a las 9 de la noche de anteayer.
Pero entre el drama de la situación Juárez, quien reside en la colonia Juárez Nuevo, logró guardar el documento, el cual no lleva sello oficial alguno, para enseñárselo a la dirigente del Barzón.
“Yo sé lo que es que te vayan a decir que te van a desalojar”, recuenta Sosa, “yo también fui estafada por abogados, si tengo mi casa es porque la defendí”.
En su momento, indicó, a ella le ofrecieron 50 mil pesos para firmar su entrega voluntaria, pero decidió que si querían su casa, tendrían que pelear por ella.
Griselda Sosa informa que de manera cuotidiana recolecta los edictos de notificación que aparecen en los periódicos, y allí, sólo en julio, aparecieron 51 edictos de desalojo de la compañía SCRAP II, un despacho de cobranza al que El Diario reportó estaba implicado en el desalojo forzado de una mujer en Ciudad Moderna.
“Los desalojan como si fueran delincuentes, y mientras no haya tregua judicial, eso va a seguir sucediendo”, explicó Sosa, ya que la mediación que se anunció anteayer, ya existe por medio de despachos de cobranza como SCRAP II.
Pero además, demanda de las autoridades que todos los juicios hipotecarios paren, ya que no sólo es el Infonavit quien adjudica estos casos, sino también los bancos, y hasta el Municipio.
El caso de Catalina Villa fue adjudicado por el Municipio, ya que le demandaban el impago de 3 mil pesos de Predial, pero Villa protestó que nunca le avisaron. Además, reclamó Sosa, “hay gente que debe millones en Predial, y a ellos no los amenazan” con juicios y términos impagables.
Muchos de sus casos, explicó, llevan regularizando su crédito desde hace años, pero como no existen abogados de oficio para casos civiles, la mayoría navega el proceso jurídico sin asesoría alguna.
“Nadie les explica que no debe firmar el convenio porque luego no va a poder pagar lo que requiere”, lamentó Sosa, y así, gente que lleva 25 años pagando cae en cartera vencida y en riesgo de perder su casa.