Martín Orquiz/
El Diario
A pesar de que el Gobierno Municipal invirtió 74 millones de pesos en actividades de supervisión para las obras del Programa de Movilidad Urbana (PMU), las empresas contratadas cometieron errores que atrasaron las labores y se hicieron trabajos que debieron ser corregidos.
Incluso, el Municipio está en medio de una polémica jurídica con la primera de las compañías que se encargó de la revisión hasta diciembre de 2013, denominada Costos, Sociedad Anónima, que tiene su base en el Distrito Federal, cuyos representantes dejaron su tarea sin siquiera avisar.
Mientras, la empresa que continuó con labores de supervisión, ARV Ingenieros, es señalada por no contar con el personal suficiente para esa tarea y por no advertir la problemática que se enfrentó en medio del proceso de construcción.
“No está supervisando, todas las fallas debieron haber sido detectadas antes para evitarlas, pero como no ha habido supervisión sentimos que hubo un arreglo de la compañía con (la Dirección de) Obras Públicas para el contrato de 44 millones para hacer la supervisión, pero es mínimo lo que están haciendo”, afirma el regidor del Ayuntamiento de Juárez y secretario de la comisión de Obras Públicas, José Márquez Puentes.
En contraste, el director de Obras Públicas del Municipio, Manuel Ortega Rodríguez, enfatiza que esa labor se realiza de forma puntual, de otra forma no podrían conocer el avance de las labores.
El costo total de las 50 obras realizadas –de 63 que contenía el proyecto original y que fueron canceladas, entre otros factores, por el aumento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 10 al 16 por ciento– fue de 2 mil 200 millones de pesos.
Márquez Puentes explica que las tareas de supervisión fueron presupuestadas y se celebró un contrato por 74 millones de pesos, pero la empresa encargada trabajó sólo hasta diciembre de 2013 y se retiró.
Se acordó pagarles 30 millones por la labor realizada hasta entonces, lo que el edil considera una cantidad muy elevada, así que quedaron 44 millones de pesos pendientes para el trabajo de inspección.
En marzo de 2014 el Municipio contrató a ARV para seguir con las actividades de vigilancia.
Entre las tareas que debe realizar un órgano de esta naturaleza está la supervisión general de la obra, por lo que su personal debe presentarse en los puntos de obra para estar pendiente de todas las variables de una construcción, desde la compactación del terreno, la nivelación de la superficie, así como vigilar la calidad y las especificaciones del material utilizados para la construcción de las calles.
Además, deben verificar los planos para que coincida con lo que está contratado y hacer las correcciones donde se requiera hacer alguna modificación.
También calcular los tiempos que se lleva cada concepto de obra, estimar los avances y vigilar que los cobros que hace la constructora vayan acorde con los trabajos que se han realizado.
Pero esta labor, afirma Márquez Puentes, ha sido casi nula.
Una situación que pone en evidencia la falta de supervisión es lo que ocurrió en el bulevar Teófilo Borunda, donde obreros de Movicon tuvieron que levantar diferentes tramos de banqueta en el sentido de oriente a poniente, justo entre las avenidas Tecnológico y Óscar Flores Sánchez.
Personal que realizaba labores en ese sitio la semana pasada dio a conocer que tuvieron que abrir al menos seis porciones de banqueta para edificar canales que dieran salida al agua de lluvia en ese sector, encaminándola hacia el Dren 2A, que corre justo en medio de esa vía.
Si hubiera una vigilancia eficaz se habría detectado esa omisión, así como otras que tal vez se quedarán sin ser modificadas, expone Márquez Puentes.
En el diseño de las vialidades, dice, se podrían ir detectando los errores que deben ser corregidos, así como estar alerta para que se cumpla lo pactado y que lo que se planeó sea factible.
Cita también como ejemplo de lo que se debió corregir los puentes angostos que se construyeron tanto en la calle Piña y Uva como en la Teófilo Borunda.
Desde el inicio de los trabajos, argumenta, debió establecerse la necesidad de que fueran dos carriles en lugar de uno, porque bajo esa circunstancia es demasiado gasto y se va a “ahorcar” el tráfico con un solo carril.
“Todo eso se tiene que ir detectando, la compañía supervisora es como la dueña, establece qué le conviene y qué no, pide que se corrija lo que está mal, pero los trabajadores van en la mañana al inicio de la jornada, luego en la tarde ven el avance, pero no están supervisando la obra”, expresa.
La anterior empresa supervisora sí tenía en cada obra a dos responsables, además de un equipo de topografía y laboratorios para verificar calidad de materiales que se estaban utilizando, pero ahora no se están haciendo esas tareas.
Además certificaban que estuvieran laborando las máquinas que fueran requeridas y que no hubiera motivos de retraso.
La compañía Costos hizo un buen trabajo en la supervisión, pero se desconoce por qué se fue.
“Las malas lenguas dicen que no se pusieron de acuerdo en el reparto del dinero, porque la inversión del PMU está inflada a más del doble, no son los valores reales”, dice.
Supervisión se realiza
en forma: Municipio
Para Ortega Rodríguez, aún director de Obras Públicas, la tarea de supervisión se realiza en forma.
“Teníamos a la primera compañía que se contrató en los orígenes del proyecto, Costos, pero el último día (de 2013) ‘tiró la toalla’ y se fue; tenemos un juicio en trámite por parte del Departamento Jurídico, aunque efectivamente hizo su trabajo el tiempo que estuvo, no era la forma de dejar el trabajo, se tenía que platicar y llegar a acuerdos”, menciona.
Mientras, personal del Municipio y el encargado de la obra, Ernesto Mendoza Viveros, realizaron esa vigilancia, luego se contrató a ARV.
Argumenta que su personal no está siempre en el mismo lugar, sino que alrededor del día se trasladan a diferentes lados.
Sobre lo expresado por el regidor Márquez Puentes, el director de Obras Públicas considera que es una opinión personal, pero lo cierto es que la obra está por terminarse. A Costos se le pagó cantidad a la que tenían derecho, por eso está pendiente la cuestión jurídica, se quiere establecer una negociación para ver si regresan parte del dinero o el Municipio tiene que pagarle más, pero no se ha hecho debido a que sus representantes no acudieron al llamado.
Actualmente, dice Ortega Rodríguez, se tienen 44 millones de pesos para solventar la tarea de vigilancia, pero a ARV se le pagará menos porque se redujeron los tramos construidos.
“Así está establecido en el contrato, que incluye el costo de la obra, las indemnizaciones, el IVA y la supervisión”, explica.
Para costear las indemnizaciones se tenía un fondo de 120 millones de pesos, pero finalmente se han pagado sólo 80 debido al recorte de frentes de obra.
Mientras, la supervisión está funcionando sin problemas, expresa.
Se pudo hacer más con
el mismo dinero
Para el edil Márquez Puentes, el PMU resultó una obra muy costosa y se gastó más dinero de lo que se requería.
Critica el hecho de que, por ejemplo, calles como Luis Campa y León Guzmán son para dar un servicio a los colonos, tienen de 8 a 13 metros de ancho, donde sólo caben tres vehículos: dos estacionados y uno circulando.
Además, no tendrán circulación de tráfico pesado, pero le están metiendo 28 centímetros de concreto, lo que representa un desperdicio de dinero en esas obras.
El regidor cita también la calle Pavorreal, que empieza en la avenida De los Aztecas y termina en el periférico Camino Real: esa arteria inicia con 10 metros de ancho, a unas cuadras se reduce a 8, sigue y aumenta a 10 metros y termina en una vialidad que tiene camellón en medio y siete metros en cada sentido de la avenida.
León Guzmán baja de Camino Real con dos vialidades de 13 metros de ancho cada una y con camellón en medio, todo para entra a la colonia Fronteriza donde la vía se reduce a 13 metros de ancho, avanza y se achica aún más a 10 metros.
Esas obras no tendrán un uso práctico en ningún aspecto de la vida de la ciudad o de la colonia, establece.
Miguel Guillén García, un hombre que tiene 24 años habitando en la calle León Guzmán, también se mostró escéptico en cuanto a la utilidad de esas obras.
“Nunca habíamos tenido obras así de grandes, nada más la del Camino Real y otra que conecta a la 16 de Septiembre”, recuerda.
Esta nueva infraestructura, desde su punto de vista, no es algo bueno para los habitantes del lugar debido que de calles serenas pasarán a convertirse en arterias con circulación de más vehículos a mayores velocidades.
Márquez Puentes indica que las implicaciones para el interés público de que la inversión sea muy alta es que en parte de la ciudad donde se realizaron obras no tendrán la utilización suficiente.
Las conexiones al Camino Real, por ejemplo, tuvieron una inversión exagerada cuando hay otras partes de la ciudad que pudieron ser beneficiadas con el PMU.
Cuenta con cuatro puentes con vialidades anchas, pero podrían haber sido puentes sencillos y con vialidades menos anchas, mientras que la mitad de esa inversión debió aplicarse en Tecnológico, Paseo de la Victoria, Ejército Nacional o bulevar Zaragoza, donde hay mucho tráfico.
El gasto que va a tener el Municipio cada mes será de 22.5 millones de pesos como pago al banco que financió el proyecto, con esos recursos podría construirse un puente cada dos meses durante 20 años.
“De ese tamaño es el gasto”, enfatiza.
Aunque ahora las construcciones del PMU están casi terminadas, los ciudadanos casi no ven la diferencia de como estaba antes a la actualidad.
“No se nota, en la López Mateos hay una parte con PMU y otra no, pero el tránsito es fluido en ambas partes, entran a las obras hechas y no se nota, es un gasto exagerado”, insiste. (Martín Orquiz / El Diario)
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