Luz del Carmen Sosa/Patricia Mayorga/
El Diario
Pese a que el Gobierno de Estados Unidos destinó a esta frontera poco más de 14 millones de dólares como parte de los recursos de la Iniciativa Mérida desde el 2010, a la fecha no existe un análisis a fondo que demuestre el impacto real entre la sociedad fronteriza, de los programas emprendidos por las agrupaciones e instituciones receptoras de estos recursos.
De acuerdo con datos proporcionados por el Gobierno de Estados Unidos, a través de su Consulado en esta localidad, los recursos se destinaron para equipamiento, capacitación y en efectivo.
La ayuda fue distribuida entre corporaciones policiacas y Organizaciones no Gubernamentales –recibieron en conjunto poco más de 4 millones de dólares– para que trabajaran en “el rescate” de esta frontera después de un largo periodo de violencia.
Sin embargo, pese a la trascendencia de esta inversión, nunca se puso en marcha mecanismo alguno para medir el resultado de su desempeño.
En el caso específico de Ciudad Juárez, que ha sido emblemática y expuesta a nivel internacional como ejemplo de resiliencia y organización de sociedad civil y gobierno, “la estrategia no fue bien dirigida, pero el seguimiento y la evaluación de su eficacia ha sido relativamente débil”, destaca un estudio denominado “Las lecciones aprendidas” de las especialistas en asuntos latinoamericanos y de seguridad Clare Ribando y Kristen Finklea.
En su documento, reconocen que en Juárez la violencia descendió, pero el impacto de los recursos entregados a México es poco claro.
Para la Fiscalía General del Estado el apoyo de Estados Unidos a través de esta iniciativa ha sido generoso y con él se han logrado avances en seguridad que no se habrían alcanzado sin esa ayuda que se dio en equipamiento y capacitación.
Sin embargo, hasta ahora las instituciones beneficiadas no han emitido, al menos públicamente, los resultados obtenidos gracias a las donaciones obtenidas a través del Pilar Cuatro de Iniciativa Mérida.
El análisis de Ribando y Finkela se da a conocer a siete años de la creación de la IM justo cuando el Gobierno de Barack Obama ha propuesto ante el Congreso de Estados Unidos el ejercicio de 119 millones de dólares para el próximo año fiscal destinados a este plan que permitirá el auspicio a muchos de los programas existentes en esta frontera y cuya continuidad estaría en riesgo sin estos fondos.
Sobre esto, Norma Ledezma Ortega, coordinadora de Justicia para Nuestras Hijas, opinó que los recursos de Iniciativa Mérida no se ven reflejados ni en la prevención ni en la capacitación de delitos de género y desaparición forzada de hombres y mujeres, ya que ni los agentes del Ministerio Público ni las policías tienen el conocimiento para investigar esos delitos.
“Los resultados son los que hablan, no sólo de palabras, aquí no son cifras, son realidades y qué lamentable que hayan invertido tanto para seguridad, porque realmente el objetivo para el que se destinó no se concluyó o no se reflejó”, dijo Norma Ledezma.
Señaló que en Chihuahua falta mucha inversión en las áreas que Justicia para Nuestras Hijas atiende, falta capacitación y falta inversión para la operación de las unidades y las fiscalías, como la especializada en delitos contra las mujeres y en las desapariciones, que no cuenta ni siquiera con una unidad especializada.
En cuanto a prevención, dijo que no hay inversión ni programas efectivos, “no es real, ¿dónde están los millones y millones, qué se ganan con equipar tantas unidades si las envían sólo cuando se cometen los delitos o las usan sólo para las fotos? No hay una medición de impacto, no se sabe cuál es el avance en los sectores que supuestamente capacitan, no se mide el impacto social porque continúa la violencia, es una simulación la prevención para atraer recursos”.
Ledezma Ortega informó que hoy estarán en una reunión con autoridades federales para llevar el diagnóstico de la entidad, junto con otras organizaciones del estado y de otras entidades, porque en septiembre planean promulgar la ley de personas desaparecidas.
La mayor inversión de Iniciativa Mérida destinada a Juárez está suscrita al Pilar Cuatro, focalizado al fortalecimiento de las comunidades mediante la creación de una cultura de respeto a las leyes y la disminución del atractivo y poder de las organizaciones dedicadas al narcotráfico.
“Al implementar y crear programas de trabajo, involucrar a los jóvenes con sus comunidades, expandir las redes de protección social y generar confianza en las instituciones públicas, la Iniciativa Mérida desarrollará nuevas estrategias para el fortalecimiento de las comunidades mexicanas en contra del crimen organizado”, explica la Embajada de Estados Unidos en su portal oficial.
El financiamiento
En un informe entregado a El Diario, la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) de la Embajada de Estados Unidos en México, detalla el destino de los recursos asignados a Juárez por medio de instituciones públicas como la Fiscalía General del Estado (FGE) y organizaciones sociales como el Pacto por Juárez o el Centro de Integración Juvenil, entre otras.
Algunos programas ya concluyeron y no se repetirán al no ser institucionalizadas estas acciones; en pocos casos las organizaciones civiles continuarán sus proyectos por no depender exclusivamente de los fondos provenientes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), sino ser autofinanciables, o bien, cuentan con financiamientos por otras comunidades como la Unión Europea.
Además, esa aportación de 14 millones de dólares para la ciudad es sólo una mínima parte del financiamiento recibido por causa de la guerra contra el narcotráfico, ya que es USAID la que distribuye la mayor parte de la ayuda de carácter no-militar, al estado y a la ciudad. (Luz del Carmen Sosa/Patricia Mayorga/El Diario)
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