Luz del Carmen Sosa
El Diario
Doscientos veintisiete millones de pesos se han gastado durante los últimos 10 años en sistemas de monitoreo con cámaras colocadas en puntos estratégicos de Ciudad Juárez, pero los resultados obtenidos en este lapso son muy pobres, casi nulos.
A una década de que arrancara el primer proyecto de monitoreo urbano, durante la administración de Jesús Alfredo Delgado Muñoz –marzo de 2004–, el Gobierno del Estado pretende revivir el sistema de vigilancia remota reparando el equipo que se puede rescatar y colocando dispositivos nuevos.
Se trata de la modernización del Sistema de Emergencia 066, proyecto con cobertura estatal, pero que concentra en esta frontera el grueso del equipamiento con 400 cámaras, de un total de 800 unidades que se instalarán en diferentes puntos del estado.
El objetivo es mejorar, con ese sistema, la prevención del delito y obtener información en video que ayude en la integración de los expedientes que las autoridades investigadoras abran en relación con los diferentes delitos que se cometan en Ciudad Juárez.
Mediante análisis de factibilidad e incidencia delictiva, los dispositivos de video están siendo instalados en puntos estratégicos –donde se concentra alta incidencia de delitos graves y en puntos de grandes aforos de personas– y serán monitoreados desde los Centros de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo –conocidos como C4– y dependientes de la Dirección General de Centro Estatal de Estadística Criminal.
El proyecto arranca a casi 2 años de que concluya la administración estatal y tiene un costo estimado de 250 mil pesos por dispositivo nuevo instalado en las calles –un aproximado de 29 millones de pesos sólo aquí en Juárez– y se pretende que entre en operación a más tardar en julio próximo.
Para entonces, el Gobierno del Estado, a través de la Fiscalía General (FGE), asumirá la responsabilidad total del Sistema de Emergencia 066, explica Lucina Fierro Chávez, directora del C4.
No obstante que el proyecto es visto con optimismo por los organismos ciudadanos, existe el temor de que, como ha ocurrido con los tres proyectos similares que se han puesto en marcha con anterioridad, los gobiernos futuros no le den continuidad y sea otra inversión millonaria tirada a la calle.
El gasto histórico
El monitoreo de la ciudad a través del sistema de cámaras colocadas en puntos específicos de la ciudad ha sido un tema controversial durante los últimos 10 años.
En marzo de 2004, el alcalde Jesús Alfredo Delgado Muñoz, destinó 8 millones 560 mil pesos sólo para la compra de 60 cámaras de video que serían operadas desde las instalaciones del Centro de Control de Atención y Respuesta Inmediata 060 (Cecari).
La estrategia de seguridad pública del edil panista implicó un gasto de 30 millones de pesos (El Diario, 22 de marzo/2004) que incluyó la puesta en funcionamiento del Cecari 060 y la instalación de 60 cámaras de video.
Este sistema operaría con varios dispositivos colocados estratégicamente por toda la ciudad: 12 en la Zona Centro, 14 en el Pronaf, 14 en la Zona Poniente y 20 más en el surponiente y en la Zona Dorada.
Entonces, el director general de Seguridad Pública, Ramón Domínguez Perea anunció que los aparatos tenían una visibilidad de hasta 500 metros de distancia, con capacidad para hacer acercamientos y captar con claridad rostros y placas vehiculares, según anunciaba.
Los equipos instalados por aquella administración giraban 360 grados sobre su eje y tenían una inclinación de 135 grados, además de contar con un sistema que permitía la visibilidad durante la noche y grababan constantemente, en equipo instalado en el Cecari, las imágenes que captaban.
Domínguez Perea dijo que se dio a conocer la ubicación de las cámaras para “disuadir, para poder constatar actos delictivos y para controlar a la policía”.
Era la primera vez que la policía preventiva utilizaría equipo “de alta tecnología” para la vigilancia de la ciudad y eso le valió al presidente Delgado el reconocimiento del gobernador priista Patricio Martínez.
No obstante, al término de la administración estatal de Martínez y municipal de Delgado, el proyecto fue relegado por la primera administración que encabezó Héctor Murguía y por el gobierno estatal de José Reyes Baeza.
Un año después –septiembre de 2005–, las cámaras dejaron de operar en su totalidad.
El entonces secretario de Seguridad Pública, Juan Salgado Vázquez, reconoció que las 60 cámaras instaladas en las áreas consideradas conflictivas no funcionaban desde abril de ese año.
En lugar de reparar el sistema, el Gobierno municipal 2004-2007 cedió la administración del mismo a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE). Entonces surgió el segundo proyecto de vigilancia remota que incluía la reparación de las cámaras existentes y la instalación adicional de 10 más; en ese contexto, la administración de Reyes Baeza anunció la creación de su propio Centro de Mando que operó desde las instalaciones del Centro de Inteligencia Policial (Cipol).
Ubicada en un edificio que antes funcionó como nave industrial, sobre la avenida Vicente Guerrero en el fraccionamiento Los Parques, la Cipol contaba con sistemas de informática avanzada para desarrollar análisis criminalístico en los 67 municipios, y sus administradores la presumían como “única en su tipo en toda Latinoamérica”.
Raúl Grajeda Domínguez, titular de la SSPE, entonces de nueva creación, anunció la inversión de 19 millones de pesos para la rehabilitación de los 60 aparatos y la adquisición de otras 10 cámaras, para alcanzar 70.
Las cámaras quedaron ubicadas en las zonas de alto índice de homicidios y desapariciones de mujeres, según las autoridades estatales.
Se colocaron en puntos como el cruce de 16 de Septiembre con Francisco Villa, a la altura de la Mariscal, además de Ramón Corona y Vicente Guerrero, Segunda de Ugarte y Mariscal, y en Rafael Velarde y Amado Nervo, entre otros.
En noviembre de 2005, ocho de esos equipos fueron derribados de forma intencional por integrantes de la delincuencia organizada.
Esos daños representaron una afectación de cerca de dos millones de pesos, según Grajeda Domínguez. Como presuntos responsables fueron señalados narcotraficantes que operaban en la zona de Satélite, pero nunca hubo detenciones relacionadas con esos hechos. Los equipos jamás fueron reinstalados.
Cuatro años estuvo el Estado a cargo del sistema de monitoreo urbano. Para 2009, cuando Ciudad Juárez atravesaba ya por la peor crisis de seguridad pública en su historia reciente, la Policía Federal asumió la responsabilidad total del CERI 066.
Entonces el Gobierno federal instrumentó el Operativo Conjunto Chihuahua, y en ese contexto, el 12 de mayo de 2009, el alcalde José Reyes Ferriz hizo público que operaban en la ciudad 280 cámaras, de un total de 2 mil que, según él, serían instaladas y las imágenes serían seguidas desde el Centro de Mando en el Distrito Federal y luego en el CERI de Ciudad Juárez.
A partir de entonces inició la instalación de cámaras de video digitales cuya inversión fue de 200 millones de pesos, tomando en cuenta, además del equipo, los costos de instalación y operación del sistema.
Entre los compromisos que hizo el Gobierno Federal con Juárez, a través del Operativo Conjunto Chihuahua, estaba que la administración municipal debería instalar un puesto de control con capacidad para monitorear 2 mil cámaras ubicadas en lugares estratégicos que se acordarían con la SSPF, que el sistema entrara en operación a más tardar en 6 meses, lo que nunca se cumplió.
Para julio de ese mismo año habían instalado 100 cámaras, el alcalde Reyes Ferriz dijo sólo instalarían 260 en total en su administración, pero que el CERI tenía capacidad para monitorear 2000, por lo que invitó a la ciudadanía, principalmente a empresas y comercios a instalar sus aparatos y conectarlos a la red.
A finales de agosto ya eran 284 las cámaras de seguridad instaladas en la ciudad, pero de esas sólo 94 enviaban imágenes al CERI de esta frontera, ni a la ciudad de Chihuahua ni a la Ciudad de México.
En febrero del 2014 arrancó un cuarto esquema de monitoreo con una inversión superior a los 118 millones de pesos, según estimaciones de la actual directora del C4, Lucina Fierro Chávez.
Por concluir, cuarto proyecto
En febrero pasado el Gobierno del Estado arrancó en Juárez el cuarto proyecto para instalar el nuevo equipo de monitoreo que soportará al Sistema de Emergencias 066 en esta ciudad, que operará con cámaras nuevas y con gran parte de las que habían sido instaladas con antelación.
Solo en Juárez están siendo instaladas 115 cámaras nuevas –a un costo aproximado de 250 mil pesos cada una–, adicionalmente se repararon 35 de las 285 que habían sido adquiridas e instaladas por el Gobierno Federal.
La labor técnica concluye en junio y es factible que para julio esté listo para ser operado el sistema, dijo Lucina Fierro Sánchez, directora del C4. “La obra civil y electromecánica ya se está realizando, sigue la instalación de las cámaras y falta el proceso fino, es decir, las configuraciones y el envío de señales al Centro de Emergencia”, refiere.
Cada cámara requiere de obra civil que albergará la instalación electromecánica y el radio que transmite la señal generada por cada dispositivo de video. Una célula de retrasmisión central ubica las señales de una determinada cantidad de cámaras y las lleva hasta el Centro de Emergencias, explica la ingeniera.
El gasto
En la última década el uso de las cámaras de video, como soporte del sistema de emergencias 066 y para sustentar expedientes de las autoridades dedicadas a la investigación de los diferentes delitos, ha sido mínimo si no es que nulo.
La experiencia que tiene Juárez con sus cámaras de vigilancia es mala a causa de diversos factores, como el manejo político del tema de seguridad y la infiltración del narcotráfico en las corporaciones policiacas, expone Jorge Contreras Fornelli, integrante de la Mesa de Seguridad.
Ambas cuestiones incidieron en el fracaso del costoso proyecto de seguridad pública que es impulsado por cuarta ocasión en esta frontera, dijo.
“En las épocas más difíciles de Juárez, estos espacios (el CERI) eran ocupados por personas que no estaban preocupadas por la buena marcha de la ciudad, eso lo sabemos; se encontró que las cámaras eran manipuladas en situaciones donde se requería la información”, plantea.
Jueces de Garantía consultados por El Diario aseguran que, hasta el pasado viernes, en Ciudad Juárez no se ha celebrado un solo juicio en el cual el Ministerio Público aporte como elemento de prueba las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del sistema de monitoreo urbano.
“Hay procesos en los que la defensa o el Ministerio Público aportan videos como elementos probatorios, pero fueron captados por las cámaras de circuito cerrado de negocios o empresas donde ocurren hechos delictivos, ya sea dentro de los mismos o en sus colindancias”, dijo una juez que solicitó el anonimato.
Los entrevistados recuerdan uno de los casos más controvertidos: el asesinato del abogado Sergio Dante Almaraz ocurrido en enero del 2006. El crimen fue perpetrado en la zona centro, justo donde estaban instaladas tres cámaras de monitoreo, dos no estaban en servicio y la otra no fue dirigida hacia el objetivo en el momento de la ejecución.
“Como ese caso hubo muchos, finalmente no hay aportación de elementos probatorios en imágenes para el Ministerio Público o la defensa”, destaca una jueza entrevistada.
Para el representante de la organización civil Pacto por Juárez, Sergio Meza, que trabaja directamente con grupos vecinales, el nuevo esquema de operación del Sistema de Emergencia 066 debe operar con reglas claras y estrictos criterios técnicos y de presupuesto. Pero lo más importante, es que en este nuevo esquema exista la participación ciudadana y que el Gobierno del Estado en verdad rinda cuentas de la operatividad del servicio.
“A simple vista no hemos tenido resultados en 10 años, las autoridades deben informar qué ha sucedido y aprender de estas experiencias; queremos saber bajo qué autoridad estará la responsabilidad de su operación porque la historia nos demuestra que la inestabilidad política y la corrupción hacen inoperables estos programas”, dijo Sergio Meza.
Contreras Fornelli planteó que “como Mesa de Seguridad observamos una gran debilidad institucional en los gobiernos para dar continuidad a los programas de seguridad pública y cuidar el equipo. Nada es de nadie y nadie se apropia del buen uso de los activos, observamos cómo, al darse un cambio de administración, los nuevos responsables desechan lo anterior, sin tener la certeza de que estuviera funcionando o no”.
“Ellos (los anteriores gobernantes) han comprometido los recursos de los juarenses, lo cual no nos permite ni siquiera operar un Centro de Respuesta Inmediata que es el primer contacto que tiene la ciudadanía en un caso de emergencia”, expone.
El reto, dice Jorge Contreras Fornelli, es blindar este proyecto para que la próxima administración destine los recursos suficientes para el mantenimiento del equipo y en realidad sirva para reducir el tiempo de respuesta de atención a las emergencias. (Luz del Carmen Sosa/ El Diario)
Los intentos
•Jesús Alfredo Delgado,en 2004
Para 60 cámaras
8 millones 560 mil pesos
•Héctor Murguía Lardizábalentre 2004-2007
Reparación de cámaras existentes
e instalación de 10 más
19 millones de pesos
•José Reyes Ferriz en 2009
Se instalarían, dijo el entonces alcalde,
2 mil cámaras… al final sólo fueron 260
200 millones de pesos
•El cuarto intento para Juárez
400 cámaras
Unos 29 millones aproximadamente
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