The New York Times
2018-12-05
Copenhague, Dinamarca— Dinamarca planea albergar a los extranjeros menos gratos en un lugar de lo más desagradable: una isla diminuta, casi inaccesible, donde se encuentran el crematorio, los laboratorios y establos de un centro dedicado a la investigación de enfermedades animales contagiosas.
Un detalle que parece dejar más claro el mensaje es el nombre de uno de los ferris que comunican con la isla: Virus.
“Nadie los quiere en Dinamarca, y así lo sentirán”, escribió en Facebook la ministra de Inmigración danesa, Inger Stojberg.
El viernes, el gobierno de centro derecha y el Partido Popular Danés, de derecha, anunciaron un convenio para albergar en la isla Lindholm hasta cien personas extranjeras condenadas por algún delito o a quienes se les ha negado asilo y no pueden regresar a su país de origen.
La isla de 6,8 hectáreas, en una entrante del mar Báltico, se ubica a unos 3 kilómetros de la costa más cercana y no cuenta con un servicio frecuente de ferri. Los extranjeros deberán presentarse a diario en el centro de la isla, so pena de ser encarcelados.
“Vamos a reducir al mínimo el número de salidas del ferri según sea posible”, le dijo a TV2 Martin Henriksen, un vocero del Partido Popular Danés para asuntos de inmigración. “Será lo más complicado y caro posible”.
El convenio estipula que en un plazo de cuatro años se asignarán unos 115 millones de dólares para instalaciones destinadas a los inmigrantes; la inauguración de la isla se planea para 2021.
El ministro de Finanzas Kristian Jensen, quien encabezó las negociaciones, afirmó que la isla no es una prisión, pero añadió que las personas enviadas allí deberán pasar la noche en el lugar.
Louise Holck, directora ejecutiva adjunta del Instituto Danés de Derechos Humanos, señaló que su organización observará “muy de cerca” esta situación con el fin de detectar posibles violaciones a las obligaciones internacionales del país.
El convenio se suscribió como parte de las negociaciones del presupuesto anual. Cada año, el Partido Popular Danés exige que se impongan algunas restricciones a los inmigrantes o refugiados a cambio de sus votos para el presupuesto.
En Dinamarca, al igual que en gran parte de Europa, el aumento en los movimientos migratorios procedentes del Medio Oriente y África entre 2015 y 2016 provocó una reacción populista y nativista.
El gobierno se comprometió a aplicar la legislación migratoria hasta donde lo permitan los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Los expertos legales afirman que todavía es muy pronto para saber si el proyecto de la isla de Lindholm sobrepasará los límites de manera que constituya una privación ilícita de la libertad. Subrayaron que tenía muchas similitudes con un proyecto del gobierno italiano que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos canceló en 1980.
El plan de la isla Lindholm es una expresión más de la política gubernamental que pretende hacerles la vida intolerable a los solicitantes que no han obtenido asilo para motivarlos a abandonar el país.
Los solicitantes de asilo con historial delictivo no pueden trabajar en Dinamarca. A los solicitantes rechazados que no pueden ser deportados se les asigna hospedaje en sitios donde no pueden preparar su propia comida, se les ofrecen alimentos y alrededor de 1,20 dólares por día —que se retienen si no cooperan con las autoridades—.
La exministra de Inmigración Birthe Ronn Hornbech describió el proyecto de la isla como una “burla” y un error comparable al de un jugador de fútbol que marca un autogol.
“Esta propuesta no prosperará”, advirtió en la columna que escribe en un periódico.
Muchos extranjeros a los que se les ha negado el asilo no pueden ser deportados a sus lugares de origen por temor a abusos o persecuciones, o sencillamente porque esos países se niegan a aceptarlos.
Cientos que permanecen en dos centros de deportación se niegan a abandonar el lugar y crean un desafío para el gobierno, que prometió deshacerse de todos aquellos que no tienen derecho a permanecer en Dinamarca.
Algunos siguen ahí después de más de una década, a pesar del deterioro constante de las condiciones de vida. Un estudio independiente realizado por un antiguo director de prisiones que ahora trabaja con el grupo de derechos humanos Helsinki Citizens’ Assembly reveló que las condiciones en uno de los centros de deportación eran comparables a las de algunas cárceles, o incluso peores.
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El primer ministro Lars Lokke Rasmussen declaró en noviembre que el objetivo del gobierno ya no será integrar a los refugiados que acepte, sino darles albergue hasta que puedan regresar a sus países de origen.
“No es fácil pedirles a las familias que regresen a casa si ya se han establecido”, dijo durante una reunión de su partido. “Sin embargo, es lo moralmente correcto. No debemos convertir a los refugiados en inmigrantes”.
Este verano, se aprobó una ley que prohíbe cubrirse la cara, apodada de inmediato “prohibición de la burka”, pues apareció tras un debate acerca de la prenda islámica que algunos consideran “nada danesa”. Este mes, se espera que el Parlamento apruebe otra legislación para exigir que los inmigrantes que deseen obtener la ciudadanía estrechen la mano a ciertos funcionarios durante la ceremonia de naturalización, a pesar de que algunos musulmanes insisten en que no pueden tocar la mano a personas del sexo opuesto.
El gobierno sostiene que dar la mano es “un valor danés básico”.