Reforma
2018-11-14
Madrid— Dos años después del archivo provisional, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó reabrir la causa que la Justicia española abrió contra Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, por presuntos delitos de blanqueo de capitales e integración en la banda criminal de Los Zetas.
Según un reporte de José María Irujo, del diario El País, el detonante de la reapertura de la investigación es el testimonio de dos testigos en San Antonio, Texas, que señalan al político mexicano en un supuesto blanqueo con sus empresas, según fuentes judiciales.
El juez dictó ayer un auto en el que acuerda que se proceda a dictar una comisión rogatoria, o de auxilio judicial, a San Antonio, Texas, para interrogar a las dos personas que acusan al también expresidente del PRI, y otra a México para que se investiguen las sociedades del político mexicano.
La decisión del magistrado que sobreseyó provisionalmente el caso en 2016 tiene lugar después de que la Fiscalía Anticorrupción española aportara al juez los nuevos indicios que se desprenden de la declaración de los dos testigos en el marco de una investigación sobre blanqueo y narcotráfico que se sigue en Estados Unidos.
Fuentes judiciales señalan que en función de las pruebas que se aporten en las dos comisiones rogatorias se continuará o no con la investigación.
Los fiscales anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa presentaron una querella criminal contra el también exgobernador de Coahuila por su presunta relación con Los Zetas, un cartel de la droga mexicano.
La iniciativa partió después de que recibieran información del Departamento de Aduanas de Estados Unidos que implicaba al expresidente del PRI, que, según su propia versión, se trasladó a vivir a España después de que este grupo de narcotraficantes asesinara a su hijo.
Los dos fiscales viajaron a San Antonio, donde se entrevistaron con varios testigos protegidos de la Fiscalía estadounidense que apuntaron a Moreira.
Tras la detención del político mexicano en Madrid, el 15 de enero de 2016, el Gobierno de Enrique Peña Nieto puso a su disposición toda la maquinaria diplomática y legal de su embajada en España para intentar conocer su situación hasta el más mínimo detalle, atender a su familia y sacarlo de la cárcel, según una investigación de El País.
La gestión a mayor nivel la protagonizó Arely Gómez González, la entonces Procuradora General de la República y exsenadora del PRI.
La entonces funcionaria habló a su homóloga española Consuelo Madrigal, Fiscal General del Estado español, para interesarse por el caso y conocer la opinión de los fiscales españoles, negándose a presentar declaraciones por la reapertura del proceso.
Previamente, el juez Pedraz archivó provisionalmente el caso tras regresar de Texas donde había escuchado el testimonio de un testigo protegido.
Concluyó que las acusaciones contra el exgobernador sobre su supuesta relación con Los Zetas y el presunto blanqueo de capitales, no eran suficientemente concretas.
Fue entonces que los fiscales recurrieron ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que rechazó el recurso y afirmó que no había indicio alguno con la relevancia suficiente.