Associated Press
2018-08-27Ginebra— Los investigadores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU declararon el lunes que los dirigentes militares de Myanmar deberían ser procesados por genocidio contra los musulmanes rohinyas, y dieron a conocer el nombre de seis de los que dijeron estuvieron detrás de crímenes sistemáticos contra la minoría étnica.
La declaración, fundamentada en un primer reporte del equipo de investigadores, es una de las más fuertes redactada hasta ahora por funcionarios de la ONU, quienes han denunciado supuestas violaciones de derechos humanos en Myanmar desde que comenzó una brutal ofensiva contra los rohinyas hace un año.
La "misión de investigación" de tres miembros y su equipo, que trabajan amparados por un mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, recopiló cientos de testimonios de refugiados rohinyas, imágenes satelitales y otros datos a fin de elaborar el reporte.
"El desprecio de los militares por la vida humana, la dignidad y la libertad -y por la ley internacional en general- debería ser motivo de preocupación para toda la población de Myanmar y para la comunidad internacional en su conjunto", dijo el líder de la misión Marzuki Darusman, exprocurador general de Indonesia, en una conferencia de prensa.
El consejo creó la misión en marzo del año pasado, casi seis meses antes de que una serie de ataques rebeldes contra puestos de seguridad y policiales desencadenaron una ofensiva que provocó que los rohinyas huyeran a la vecina Bangladesh. Más de 700 mil han huido en el último año.
El equipo recopiló testimonios de crímenes que incluyen violaciones colectivas, la destrucción de cientos de aldeas, esclavitud y el asesinato de niños, algunos efectuados ante sus padres. El equipo no tuvo autorización para acceder a Myanmar y denunció la falta de cooperación o incluso de respuesta del gobierno, que recibió una copia del reporte antes de su publicación.
El equipo citó un estimado "conservador" de un grupo de ayuda, Reporteros Sin Fronteras, sobre que unas 10 mil personas fueron asesinadas, pero investigadores externos no tuvieron acceso a las regiones afectadas, lo que dificulta realizar un conteo preciso.
Por encima de todo, los investigadores dijeron que la situación en Myanmar debe ser remitida a la Corte Penal Internacional, y de no ser así, a un tribunal especial. La semana pasada, el gobierno de Myanmar rechazó cualquier cooperación con la CPI, de la cual no forma parte.