The New York Times
2018-06-20
Tapachula, Chiapas— Al correrse la voz sobre la política de “cero tolerancia” del gobierno de Trump, misma que establece que se ejerzan acciones penales contra toda persona que cruce ilegalmente la frontera, a lo largo de la ruta migrante que pasa por México y por Centroamérica, hay quien sigue adelante mientras que otros están reconsiderando sus planes de internarse a Estados Unidos. Otros más están haciendo una pausa en sus viajes con el propósito de ver si se revierte la política de separación, o sopesando los riesgos de cruzar en forma ilegal y las posibilidades de éxito al pedir asilo.
Y cada vez aumentará más, advierten defensores de los migrantes, el número de quienes escuchan el canto de sirena de los traficantes de personas, que intentarán aprovechar la política de separación a fin de vender sus servicios, argumentando ser la mejor oportunidad de los migrantes para cruzar la frontera y tener consigo a sus hijos. Los polleros tratarán incluso de subir sus honorarios a consecuencia de la política de la administración Trump, pronostican los activistas.
Entre los migrantes camino a Estados Unidos, la política ha generado confusión mientras intentan determinar lo que significa para el resto de su travesía.
Antes de anunciarse el mes pasado la cero tolerancia, lo mismo que durante gobiernos previos, por lo general a los adultos que viajaban con menores de edad se les exentaba de cargos penales.
Se trataba de una política bien conocida a lo largo de México y Centroamérica, formando a menudo parte del cálculo hecho por los migrantes: los que viajaban con niños sabían que si los detuvieran y fueran a deportar, lo más probable es que pronto salieran libres, en ocasiones con un monitor en el tobillo, a efecto de esperar su comparecencia en los juzgados
Si bien la política afecta de manera más directa a las familias que intentan cruzar ilegalmente la frontera, al parecer también está teniendo impacto en la población más amplia de migrantes al contribuir a lo que para muchos constituye un confuso giro de declaraciones y decisiones inmigratorias recientes por parte de la administración Trump.
“Han implementado el miedo”, dijo refiriéndose al gobierno de Trump Luis Rey García Villagrán, defensor de los migrantes en Tapachula. “La situación ha empeorado”.
El martes, García acompañó a un grupo de familias centroamericanas a solicitar ante las autoridades migratorias mexicanas cartas de tránsito seguro, las cuales les permitirían viajar libremente hasta la frontera norte. Una vez ahí, las familias tenían planeado pedir asilo en algún puerto oficial de entrada.
Pero no estaban seguras de que la política fronteriza de la administración Trump también fuera a aplicarse a ellas.
Un hombre mencionó a una amiga que el sábado había pedido asilo para ella y su hija en un cruce en Tijuana, permitiéndoseles seguir juntas. Pero también sabía de una vecina salvadoreña a la que separaron de sus dos nietos en un cruce fronterizo.