Associated Press
2017-10-27
Madrid— El Senado de España aprobó por mayoría absoluta, las medidas que el Gobierno español ha propuesto para frenar el proceso secesionista en Cataluña, después de que el Parlamento de esa comunidad autónoma haya declarado la independencia de la región.
Las medidas, que prevén devolver la legalizad constitucional y estatutaria a Cataluña, fueron aprobadas por 214 votos a favor, 47 en contra y una abstención.
El pleno del Senado autoriza así al Gobierno español a destituir al presidente regional catalán, Carles Puigdemont, y a todos los miembros de su gabinete, así como a limitar las funciones del Parlamento regional y a asumir el mando de la Policía autonómica (Mossos d'Esquadra).
También se contempla la convocatoria de elecciones regionales antes de seis meses.
Las medidas se enmarcan dentro del artículo 155 de la Constitución española, que permite que el Ejecutivo central, con la autorización del Senado, asuma el ejercicio de las competencias de autogobierno de una región autónoma cuando sus gobernantes incumplan las leyes.
El texto definitivo suaviza el inicial aprobado por el Consejo de Ministros el pasado sábado, ya que el gubernamental Partido Popular (PP) ha aceptado dos enmiendas del opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE), una para modular las medidas, incluso suspenderlas si cesan las circunstancias que las han originado, y otra para renunciar a controlar los medios públicos catalanes.
El siguiente paso, tras la autorización del Senado, se llevará a cabo en la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que tendrá lugar hoy mismo.
En ella se aplicará el decreto que permite al Ejecutivo central asumir competencias de la autonomía catalana.
Prevén cargos de rebeldía
En tanto, un vocero de la fiscalía española dijo que se presentarán cargos de rebelión contra los responsables de declarar la independencia de Cataluña.
El vocero dijo que se trata de determinar si se acusará a todo el gobierno catalán, incluido el presidente Carles Puigdemont y el vice Oriol Junqueras, o si se debe incluir a miembros de la junta gobernante y legisladores.
El funcionario, que habló bajo la condición reglamentaria de anonimato, dijo que las acusaciones podrían presentarse el lunes.
Bajo la ley penal española, la rebelión se castiga con 25 años de prisión, pero la pena puede ser menor si no conduce a actos de violencia.