Associated Press
2015-09-03Guatemala— El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, presentó su renuncia a última hora el miércoles luego de que un juez emitiera una orden de aprehensión a fin de que rinda una declaración en un enorme escándalo de corrupción que suscitó una crisis política e institucional en el país y que llevó a prisión a la ex vicepresidente del país, junto con otros altos funcionarios del gobierno.
El portavoz Jorge Ortega dijo que Pérez Molina presentó su renuncia poco antes de la medianoche del miércoles, hora local, tras la emisión de la orden de aprehensión como parte de una investigación de fraude aduanero, que también provocó la dimisión de varios ministros del gabinete que le retiraron su apoyo al presidente.
“En la situación actual y teniendo en cuenta por sobre todo el interés del Estado, me corresponde continuar con el debido proceso y, por lo tanto, presentarme ante la justicia y dirimir mi situación personal, con la convicción de hacer lo correcto, me dirijo a usted y al honorable Congreso de la Republica para presentar mi renuncia al cargo de Presidente de la República de Guatemala”, dice la carta de renuncia de Pérez Molina.
La renuncia, la primera de un presidente de Guatemala, no se hará efectiva sino hasta que el Congreso la acepte y nombre a un nuevo mandatario. Los congresistas fueron convocados a una reunión de emergencia en la madrugada del jueves.
Miles de manifestantes han salido a las calles indignados por los detalles de una trama de corrupción generalizada en las aduanas y que involucra a empresas privadas.
Altos jerarcas de la Iglesia católica y líderes empresariales habían pedido la dimisión de Pérez Molina en las últimas semanas, mientras la investigación sobre la red del fraude aduanero crecía y crecía y cada día cobijaba a más funcionarios del gobierno.
Pérez Molina, de 64 años, siguió su plan de quedarse en el poder hasta tanto un juez ordenara su aprehensión, en un caso que ha propinado el golpe más profundo a la corrupción política y administrativa que se encuentra arraigada en Guatemala.
Según la Constitución, el presidente debe ser sustituido por el actual Vicepresidente, Alejandro Maldonado, recientemente nombrado, luego que el Congreso resuelva aceptar la renuncia presentada por el primer mandatario.
“Con los principios y valores en los cuales me he formado, enfrentaré con la conciencia tranquila los procesos que corresponde”, dijo Pérez Molina en su carta de renuncia. “Hoy más que nunca, mi compromiso con el pueblo de Guatemala es someterme con toda entereza mediante al debido proceso, al imperio de la ley y desvirtuar los señalamientos que hoy se me hacen”.
El portavoz del presidente, Jorge Ortega, dijo a vía telefónica a The Associated Press que la carta de renuncia fue entregada alrededor de las 11:30 de la noche al Congreso de la Republica.
“La seguridad del presidente sigue funcionando según los protocolos”, dijo Ortega, que explicó que desconoce el paradero de Pérez Molina.
Lo más probable es que Maldonado permanezca en el cargo hasta que haya un ganador en las próximas elecciones, cuya primera ronda se celebra el domingo seis de septiembre. La toma de juramento del cargo se haría el 14 de enero de 2016.
Las elecciones del domingo enfrentan a un acaudalado empresario y político, Manuel Baldizón, frente a otros 13 candidatos, entre ellos un comediante sin experiencia política, una ex primera dama y la hija del dictador Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio. Si ninguno de los candidatos alcanza el 50 por ciento de los votos el domingo, una segunda vuelta electoral se llevará a cabo el 25 de octubre.
La reacción del país a la renuncia de Pérez Molina, que ocurrió a la medianoche, por lo pronto ha sido tranquila. La orden de aprehensión en contra Pérez Molina no significa una detención permanente sino para que acuda al juzgado y declare ante el juez Miguel Ángel Galvea, a la petición de la fiscalía, aclaró la Fiscal General, Thelma Aldana.
En una votación histórica el martes, el Congreso de Guatemala decidió retirar la inmunidad al primer mandatario con el voto unánime de los 132 legisladores presentes en la sesión, para permitir que sea investigado como cualquier ciudadano.
Tras el retiro de la inmunidad y a solicitud de la fiscalía, un juez emitió una orden que le prohibió a Pérez Molina salir del país, para asegurar que Pérez Molina enfrentara a la justicia.
Luego, en la tarde del miércoles, el juez Gálvez, del juzgado de Mayor Riesgo “B”, emitió la orden de aprehensión que también había sido solicitada por la fiscalía por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera.
César Calderón, abogado de Pérez Molina, dijo a la AP que tras conocer la existencia de la orden, el mandatario se presentaría ante un juzgado, algo que podría suceder a primera hora de la mañana del jueves.
La fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, organismo adscrito a la ONU, anunciaron el pasado el 16 de abril la desarticulación de una presunta organización criminal integrada por funcionarios públicos aduaneros y particulares, que presuntamente recibieron sobornos de empresarios para que les ayudaran a evadir impuestos.
La estructura, denominada “La Línea” por ser una especie de “alternativa” para resolver trabas en importaciones y reducir el pago de impuestos, estaba supuestamente dirigida por Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado de la ex vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti.
La comisión dice que cuenta con 88 mil escuchas telefónicas entre las cuales habría una grabación de una conversación en la que se escucha a Pérez Molina hablando con Carlos Muñoz, Superintendente de Administración Tributaria, en la que le ordenaba cambiar al gerente de recursos humanos de la institución porque no facilitaba la recaudación tributaria.
Por ley, esa agencia es un ente autónomo y debe operar sin injerencias del Ejecutivo. Según la fiscalía, el cambio de gerente se realizó, lo que facilitó el trabajo de la presunta organización criminal que fue desmantelada.
Pérez Molina ha negado su participación en los hechos y asegura que solo pretendía mejorar la recaudación tributaria del país.
Al menos cien personas están siendo investigadas por el caso de “La Línea”. Entre ellas está Baldetti, quien tuvo que renunciar a su cargo en mayo y se encuentra detenida preventivamente, acusada de haber recibido al menos 3.7 millones de dólares en sobornos, según la Comisión.
Miles de manifestantes han abarrotado las calles de ciudad de Guatemala casi a diario a raíz del escándalo, y han exigido la renuncia de Pérez Molina y el aplazamiento de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo domingo.
Pérez Molina dice que retrasar las elecciones iría en contra de la ley.