Investigaciones estrictas de migrantes jóvenes significa que contribuyentes gastan más

El Diario de Juárez
2018-08-29

Carolina Isabel Iraheta pasó ocho semanas intentando que sus hijos salieran de un albergue para menores migrantes financiado por el gobierno federal, la mayor parte del tiempo después de haber aclarado ser su madre y desear que estuvieran con ella en Virginia, escribe The Washington Post.
La trabajadora social encargada del caso de los adolescentes le pedía una y otra vez documentos que ella ya había presentado, mencionando el exceso de trabajo como razón de la demora y negándose a hablar con los abogados de la mujer sobre la forma de dar celeridad al trámite, dijo Iraheta, salvadoreña que hace cinco años llegó a Estados Unidos y está solicitando asilo.
Si bien ha admitido la posibilidad de que parte del comportamiento de la empleada no haya sido en acatamiento de las políticas oficiales, la administración Trump defiende las investigaciones a que se sometió a Iraheta y a otras personas como parte esencial del cuidado de las decenas de miles de menores solos que año con año cruzan la frontera sur de Estados Unidos. El Gobierno ha estado destinando más personal a los trámites de investigación, preocupado por el tráfico humano y la posibilidad de que en sus países de origen se haya involucrado a los adolescentes en actividades de pandillas y de que los menores lleguen a representar una amenaza pública.
La intensificación de las revisiones ha aumentado la duración de las estancias en los albergues y el costo pagado por los contribuyentes —cientos de dólares diarios por menor, dicen funcionarios—. Varias organizaciones legales representantes de niños migrantes que están demandando al gobierno federal señalan que el trámite priva de sus derechos legales a los menores y a sus familiares y pueden demorar indebidamente sus reunificaciones.
“Cuando se topan con un obstáculo, surge mágicamente otro”, dijo Neha Desai, abogada en el Centro Nacional para el Derecho Juvenil. “Se trata de un proceso velado en el que sólo puede participar el Gobierno, sin que haya supervisión”.
Por lo general no es un juez el que controla si un menor inmigrante bajo arraigo federal se reunirá con sus familiares. Y, a diferencia de un caso típico de custodia en los tribunales estadounidenses, no existen audiencias ni reglas relativas a la evidencia.
En vez de ello, el trabajador social contratado por el albergue dispone de extensa autoridad sobre el trámite, mientras que la última palabra corresponda a un funcionario del Departamento de Servicios Humanos y de Salud.
En la demanda presentada por los grupos a nombre de menores no acompañados se indica que el trámite ofrece “poca o nula protección contra la detención prolongada”. Se alega que en numerosos casos el Gobierno no está haciendo “esfuerzos prestos y sostenidos” dirigidos a la reunión de las familias, como lo estipula el convenio judicial de 1997 conocido como el acuerdo Flores.

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