Miguel Chavarría
El Diario
Chihuahua— Desde 2010 hasta la fecha, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha acumulado un total de 121 quejas por violaciones a los derechos humanos.
Estas quejas han sido interpuestas personalmente por ciudadanos víctimas de actos violatorios ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
La División de Fuerzas Estatales (DFE), de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), fue la oficina que concentró el mayor número de quejas interpuestas, con 55 violaciones a los derechos humanos, de acuerdo con datos otorgados por la CEDH, en respuesta a una solicitud de información pública con número de folio: 138742018,
Las víctimas intercedieron ante la CEDH para denunciar actos como lesiones, detenciones ilegales, uso excesivo de la fuerza, tortura y desaparición forzada de personas.
Los agentes cometieron otros actos violatorios contra los derechos humanos de las víctimas tales como: apoderarse de un bien mueble o inmueble sin el consentimiento del propietario sin que exista causa justificada, empleo arbitrario de la fuerza pública, entrar a un domicilio sin ninguna orden de cateo, intimidaciones o amenazas.
Hubo algunos incluso que negaron información a la familia o persona de su confianza sobre el arresto, detención, traslado, lugar de custodia, estado físico o psicológico, así como la situación jurídica del probable responsable de un delito.
Denuncias interpuestas directamente al departamento del director de la DFE incluyen violaciones a los derechos de la privacidad, como efectuar visitas domiciliarias con fines distintos a los previstos por la ley o sustraer bienes durante la ejecución de un cateo.
Dentro de los distritos que conforman a la FGE, la Zona Sur fue la que más ha acumulado quejas en los últimos ocho años, con 18 violaciones a los derechos humanos perpetradas por la División Preventiva y la de Investigación.
Los policías estatales que se ocupan de brindar seguridad pública a los municipios de la zona Sur de Chihuahua cometieron actos violatorios a los derechos al trabajo, propiedad, igualdad, libertad e integridad y seguridad personal.
Los agentes fueron acusados por ciudadanos ante la CEDH por uso excesivo de la fuerza pública, trato cruel e inhumano, intimidaciones, imputar indebidamente hechos a algún detenido, ejercer coacción para que alguien realice una conducta determinada para inculpar, apoderamiento injustificado de bienes inmuebles, lesiones y torturas.
Estos mismos actos violatorios a los derechos humanos fueron repetidos por los policías estatales pertenecientes al resto de las zonas distritales Norte, Centro y Occidente, así como agentes de la División de Operaciones Especiales y Rurales.
La CEDH contó las quejas interpuestas en contra de la policías de la División de Vialidad y Tránsito, acusados de cobrar en forma inequitativa las contribuciones, impuestos y sanciones, así como uso excesivo de la fuerza pública.
, prestación indebido del servicio público, desobediencia a las garantías de audiencia y faltas a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de sus funciones; es decir: extorsión.