El Diario de Chihuahua
2018-12-14
Chihuahua— Más de dos mil millones de pesos adeudan a Pensiones Civiles del Estado (PCE) varias dependencias gubernamentales como las juntas municipales de Agua y Saneamiento, el Congreso del Estado y la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), entre otras que a pesar de que a los trabajadores se les descuenta de su nómina el servicio médico, éste no se entrega a la institución.
Así lo denunció la Comisión Síndica Genuina, movimiento integrado por jubilados y pensionados que exigen se practiquen auditorías externas a estos organismos, a fin de determinar qué se ha hecho con el dinero que se le descuenta a los trabajadores y que no ha sido entregado a PCE, lo que se ha visto reflejado en la disminución de la calidad de los servicios que brinda.
Ayer, integrantes de esta comisión se manifestaron afuera de PCE y acusaron a la institución de ser cómplice de la corrupción institucional al ser cómplice del sistema sindical que realiza descuentos indebidos a los derechohabientes con la llamada cuota sindical que se cobra en la Sección 42 del SNTE y otras organizaciones gremiales.
Por tal motivo, piden a los derechohabientes que laboran en las dependencias afiliadas a PCE que tengan el valor de denunciar las irregularidades y manifestarse en contra de los motivos y de los responsables del deterioro médico, administrativo y de servicios que se ha ido acrecentando al interior de esta institución.
La Comisión Síndica Genuina exige que se haga una auditoría externa a los organismos afiliados, pues refieren no confiar en las auditorías internas que realizan sus propios órganos de control interno, esto por considerarlas inmorales y parciales, así como tampoco en la Auditoría Superior del Estado (ASE), ni en la Secretaría de la Función Pública.
Debido a la deuda que las instituciones afiliadas tienen con PCE, se ha generado una profunda crisis en la prestación del servicio, pues señalan que en los últimos dos años alrededor de 200 médicos especialistas han sido despedidos y únicamente se recontrató a 120, por lo que existe un déficit de 80 doctores y esto ha generado que los pacientes tengan que esperar más de seis meses para obtener una cita médica.
También denunciaron que existe una alteración considerable en el precio de medicamentos que se tienen que surtir a través de vales en farmacias privadas “de dudosa reputación”, por lo que exigen que no se les entreguen más vales para medicinas y se haga el pago inmediato del medicamento que se tiene que adquirir en otras farmacias, pero que sea de la elección del derechohabiente.
Los integrantes de la comisión afirmaron que han llevado sus denuncias a la dirección de PCE, a la Secretaría General de Gobierno, al despacho del gobernador y a la comisión legislativa de Salud y todas han firmado de recibido, sin embargo, ninguna ha brindado respuesta a sus exigencias.