Dan otro año de prisión preventiva a 'El Larry'

Miguel Chavarría /
El Diario
2018-12-04

Chihuahua— En caso de resultar culpable por el homicidio calificado de la periodista Miroslava Breach Velducea, Juan Carlos M. O., alias “el Larry”, tendrá que pagar una indemnización a los familiares por daño moral que podría sumar hasta 12 millones de pesos; además, deberá pasar un año más en prisión preventiva.
La audiencia intermedia del fue celebrada ayer en la sala de juicios orales del Poder Judicial de la Federación. El proceso estuvo a cargo de la jueza de Control Federal Cristina Lozoya, quien además de extender la prisión preventiva contra el imputado hasta el 25 de diciembre de 2019 a petición del Ministerio Público Federal, también declaró el auto de apertura de enjuiciamiento en contra del “Larry”.
El imputado, señalado por las autoridades federales de haber cometido el delito de homicidio calificado con los agravios de premeditación, alevosía, ventaja y mensajes intimidatorios, se abstuvo de dar alguna declaración durante la audiencia intermedia.
Además de pedir la pena máxima por el delito por el que le acusaron, por 70 años de prisión, los agentes del Ministerio Público Federal, así como la abogada Sara Mendiola, directora general de la asociación Propuesta Cívica, solicitaron la reparación del daño.
Por los gastos erogados de la inhumación de la periodista asesinada el 23 de marzo de 2017, se solicitó un pago de 42 mil 777 pesos con 72 centavos, la indemnización por su muerte a 6 millones 390 mil pesos y por la indemnización de las víctimas indirectas del homicidio de Miroslava por un millón de pesos por cada víctima.
Esta suma podría ascender hasta más de 12 millones de pesos. Cuando la parte acusadora mencionó los costos a los que podría llegar la indemnización, Juan Carlos M. O., miembro del cártel de “Los Salazares”, soltó una fuerte queja durante la audiencia.
Durante el desahogo de pruebas, el representante legal de “El Larry”, Jesús Enrique Valencia Díaz, afirmó que su cliente no se encontraba en la ciudad de Chihuahua cuando ocurrió el asesinato de Miroslava.
El abogado rindió pruebas en defensa de que “El Larry” se encontraba en una cafetería  de “Hilda Palafox” ubicada en Chínipas, de donde Miroslava era originaria y el cártel de “Los Salazares” mantiene su poderío en el tráfico de drogas por parte del Cártel de Sinaloa.
Además, el abogado mencionó pruebas ante la jueza de varios testigos que afirmaron haberlo visto en dicha cafetería a temprana hora, mismos que aseguraron que Juan Carlos M. O., se dedica a la crianza de ganado vacuno para una compañía de venta de carne de res fundada por Juan Carlos Moreno Pérez, su hijo.
Durante la audiencia, la defensa del capo chinipense pidió a la jueza excluir medios de prueba que presuntamente fueron obtenidos de manera ilícita por la Fiscalía General del Estado (FGE) en 2017, cuando las autoridades estatales estaban a cargo del caso, antes de que que Alejandro Legarda Carreón, juez de control local diera en una audiencia de debate de competencia la batuta de las pesquisas a la federación, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).
El defensor de “El Larry” argumentó que las pruebas testimoniales, periciales, documentales y materiales obtenidas por medio de videos de vigilancia de vecinos de Miroslava, constituían una intervención de comunicaciones y violaba los derechos fundamentales.
Como prueba, Enrique Valencia afirmó que el testigo con identidad reservada “Ataúlfo” dijo que las autoridades estatales lo habían obligado a entregar las grabaciones que su sistema de cámaras de vigilancia había captado la mañana en que Miroslava fue asesinada. Esto, según la defensa del imputado, fundamenta la nulidad de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Además, las pruebas recabadas a raíz del cateo el 26 de marzo de 2017 de la casa de  Jasiel Vega Villa, involucrado en el homicidio de la periodista y quien permanece prófugo, no son válidas, según Enrique Valencia.
La defensa de “El Larry” argumentó que las autoridades estatales, a pesar de tener una orden de cateo autorizada por un juez, no cumplieron con los requisitos legales de la orden, los cuales obligan a los agentes ministeriales a colocar dicha orden en la entrada de la vivienda en caso de que ningún individuo se encuentre presente.
Del cateo logrado a la casa de Jasiel Vega, en la colonia Villas del Rey, se obtuvo la mayoría de las pruebas con las que contó la FGE, entre ellas, las grabaciones de audio de una conversación que sostuvieron la periodista Miroslava y el vocero del PAN Estatal, Alfredo Piñera, en donde el funcionario le pedía a Miroslava nombrar las fuentes que presuntamente dieron información sobre la infiltración de grupos del crimen organizado en las campañas estatales de 2016 en el municipio de Chínipas.
De ese cateo, además, se derivó la mayoría de las pruebas testimoniales con las que contó la FGE. A voz del defensor del imputado, dichas pruebas no cuentan con validez alguna debido a que habían sido obtenidas un cateo presuntamente ilícito.
Estas pruebas se tratan de varios declarantes con identidad reservada que colaboraron con Miroslava Breach, así como vecinos y parejas sentimentales de Jasiel, conocidos de Juan Carlos M. O., testigos oculares del homicidio de la periodista, entre otros elementos de importancia en la pesquisa.
Los agentes del Ministerio Público afirmaron que no se cometió ningún ilícito en la obtención de medios de prueba. “Las grabaciones de los videos de vigilancia fueron entregados por los ciudadanos de forma voluntaria. Y lo que dice la defensa cae en un absurdo, ya que esas grabaciones no son consideradas como ‘comunicaciones’, ya que graban parte del entorno y no sirven para comunicar ni transmitir mensajes”, comentó la parte acusadora.

Sobre el cateo, tanto los agentes como la defensora de los Breach, Sara Mendiola, afirmaron que el cateo de la casa de Jasiel se llevó a cabo con legalidad y sí se colocó la orden autorizada por el juez frente a la entrada de la vivienda.
Además de la inspección de la casa de Jasiel, también fue cateada por elementos de la FGE una vivienda ubicada al norte de la ciudad. Ahí se hallaba la testigo con identidad reservada “Ruby”, cuñada del “Larry”.
De acuerdo con el abogado Enrique Valencia, los policías estatales pusieron una capucha sobre la cabeza de “Ruby”, la ‘levantaron’ y fue trasladada a un sótano de la FGE, donde los agentes presuntamente la amenazaron y la obligaron a firmar documentos. “(Ruby) me lo contó llorando”, dijo el abogado del imputado a la jueza federal.
A pesar de los argumentos de los agentes del Ministerio Público, Sara Mendiola y Enrique Valencia, para excluir o no los medios de prueba obtenidos a raíz del cateo y los videos de vigilancia, la jueza Cristina Lozoya informó que no puede pronunciarse “de manera tajante” a favor o en contra de la nulidad de las pruebas.
La jueza señaló que la nulidad de dichas pruebas deberá ser evaluada durante el juicio oral, cuando los testigos comparezcan ante el juez, ya que los dichos de ambas partes del tribunal afirmaron hechos distintos.
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