Miguel Silva/
El Diario
Chihuahua— A tres días de haber iniciado el Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, la incertidumbre se ha apoderado de las delegaciones federales en la entidad, pues se desconoce hasta cuándo estarán al frente de los delegados, así como la permanencia de algunas dependencias, pues se reformó la ley orgánica del Gobierno Federal para la creación del superdelegado que recayó en la persona de Juan Carlos Loera de la Rosa.
En redes sociales, algunos delegados han escrito mensajes de despedida, como lo hizo Lucía Chavira, quien estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
De esta manera, las personas que están al frente se mantienen en espera de recibir instrucciones por parte de los nuevos titulares de las dependencias a nivel federal, pero señalan que hasta el momento no existe una orden precisa en torno a su situación laboral.
En Chihuahua existen al menos 36 delegaciones federales y de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), sus titulares recibieron sueldos anuales que sumados llegan hasta los 32 millones 221 mil 400 pesos brutos.
Ayer, a través de un sondeo que se hizo en las delegaciones de Economía, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), sus titulares seguían al frente en espera de recibir alguna orden distinta, o bien para el proceso de entrega-recepción a las próximas autoridades.
En diversas ocasiones, organismos de la sociedad civil, como la Red de Participación Ciudadana, han puesto en entredicho la utilidad de estas dependencias y la efectividad para atender y resolver problemas, poniendo como ejemplo la conservación de la red de carreteras federales en la entidad, que se encuentra en condiciones deplorables, así como la conservación ambiental, entre otros aspectos.
Otro de los aspectos que se han criticado es el pago de rentas de los edificios que ocupan estas dependencias y gastos de viáticos, así como otros beneficios que se destinan para los funcionarios federales.
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