Itzel Ramírez
El Diario de Juárez
Ciudad Juárez— Después de criticar el manejo financiero de las arcas chihuahuenses por su antecesor, César Duarte, y a días de haber recibido el mandato, Javier Corral Jurado recurriría a un primer movimiento financiero –más deuda–, a través de una bursatilización por mil 800 millones de pesos para afrontar los gastos del último trimestre de 2016.
Posteriormente, a inicios de 2017, se autorizó la contratación de otro crédito de corto plazo por 4 mil millones de pesos.
En junio del mismo año se anunció que el Gobierno estatal buscaría la reestructura de 10 créditos de largo plazo, con la contratación de nuevos créditos por un total de 20 mil 404 millones 862 mil 445 pesos. Con la operación, según estimó la administración de Corral, se ahorrarían 700 mil pesos diarios –21 millones al mes–, por la reducción de la tasa de interés fija; además de que disminuirían los plazos de los créditos.
‘Tropieza’ Corral en manejo de deuda
Desde su inicio esta nueva administración ha estado informando a esa soberanía y a la ciudadanía en general sobre la crítica situación financiera por la que atraviesa nuestro estado, señalando que es una de las prioridades del Gobierno realizar las acciones necesarias para poder hacerle frente a esta crisis financiera”, explicó el Ejecutivo en la iniciativa enviada al Congreso para la aprobación de la operación.
Se explicó en el documento que para el pago de intereses se destinaba alrededor del 5.31 por ciento del total de los egresos de la entidad y que, tras la reestructura, el monto bajaría a 1.69 por ciento.
Fue en septiembre de 2017 cuando el Congreso aprobó la reestructura y hasta enero cuando se subastaron los 10 créditos, que se redujeron a seis pasivos con una tasa de interés que bajó del 1.6 por ciento al 0.89.
Antes de que se realizara la subasta, en diciembre de 2017, Chihuahua solicitó un nuevo crédito de corto plazo por 2 mil millones de pesos, pagaderos a 11 meses. Por segunda vez en su administración, el gobernador recurría a un préstamo para costear las obligaciones de fin de año.
El Diario publicó en enero de 2018 que de acuerdo con Comunicación Social estatal, los dos mil millones se habían usado para el cierre de 2017 como pago de proveedores, nómina y aguinaldos, aunque no entregó un desglose de su destino en esos tres rubros.
“Nosotros tenemos que recurrir en este tipo de cosas a préstamos de corto plazo. El año pasado hicimos lo mismo, de hecho tenemos que pensar ya en este momento en recurrir a un corto plazo ya de 10, 12 meses, más allá, porque no vamos a poder, tenemos compromisos, por ejemplo todos los proveedores están pendientes de pago”, dijo Corral en entrevista con Aristegui Noticias en enero, cuando se dio a conocer la inscripción del crédito ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La nueva deuda tuvo lugar en medio de la disputa con la Federación por la entrega de recursos. Entre diciembre de 2017 y enero y febrero de 2018 el gobernador emprendió acciones legales y políticas para exigir un aumento en la transferencia de recursos federales.
El argumento usado por Corral Jurado era que desde la Secretaría de Hacienda de la Federación se habían detenido las transferencias en represalia por la investigación emprendida en Chihuahua en contra de Alejandro Gutiérrez y otros priistas, acusados por el presunto desvío de recursos públicos, que, arguyó la entidad, fueron enviados para las campañas electorales del PRI en distintas entidades.
Tras mítines, conferencias de prensa en la Ciudad de México y una caravana por el país encabezada por Corral –todo con un costo superior a los 2.6 millones de pesos–, el Gobierno federal firmó convenios para asegurar depósitos al Estado por más de 700 millones de pesos.
Posterior a las transferencias federales, la reestructura de la deuda seguía sin ponerse en marcha debido a que la SHCP no daba el aval a la operación. Fue hasta junio de este año cuando las autoridades federales autorizaron el nuevo crédito.
Alejandro Sandoval Murillo, especialista financiero, resaltó que las diferencias entre ambos órdenes de gobierno afectan, necesariamente, a los ciudadanos.
“Cuando ya se involucra la política en el acto económico es terrible porque la consecuencia la pagamos los ciudadanos. El gobernador puede hacer sus corajes y quizá nunca más volver a tener un cargo público, pero es sólo un individuo. Los ciudadanos nos enfrentamos a que se gasta nuestro dinero ineficientemente por temas políticos, es terrible, aunque tampoco es lo correcto someterse a un poder mayor, como Hacienda federal”, dijo el analista de la consultora Solo Negocios.
Una vez aplicada la reestructura, no solamente no han disminuido los montos de las tasas de interés –que habían sido argumentados por Corral y Fuentes Vélez como la razón para contratar el nuevo endeudamiento–, sino que han aumentado los montos pagados cada mes por deuda pública.
Antes del refinanciamiento, el promedio mensual pagado por deuda pública era de 195 millones de pesos para 2017. En junio, el mes de la reestructura, hubo una disminución de pago, llegando a los 178.6 millones de pesos, aunque menos de los 21 millones previstos de ahorro; para julio, el costo fue de 207.1 millones.
En agosto el pago aumentó hasta los 321.4 millones de pesos, mientras que para septiembre fue de 178.4, de nuevo, por encima del ahorro que se dijo tendría el pago de deuda después del refinanciamiento.
De enero a septiembre de 2018 el pago de deuda pública ha sido superior a los mil 884 millones de pesos, un promedio mensual de 210 millones, 15 millones más que el promedio del año anterior.
Sobre las variantes en los pagos y los resultados de la aplicación de la operación financiera más grande de la entidad en los últimos años, la Secretaría de Hacienda no emitió respuesta a la solicitud de entrevista realizada.
Posterior a la operación, otro crédito de corto plazo fue contratado a finales de julio de 2018 por 900 millones de pesos, para pagar a proveedores de salud, informó el Gobierno.
Falla austeridad
Además del refinanciamiento y de los préstamos de corto plazo, otras acciones tomadas por el Gobierno de Corral han sido la implementación de medidas de austeridad y el recorte de la burocracia estatal.
Por la práctica de la austeridad, el Gobierno reportó que en 2017 había ahorrado mil 700 millones de pesos, a pesar de que los gastos en papelería y material de oficina, combustibles y aditivos y gasto por personal de carácter transitorio aumentaron, de acuerdo con un informe entregado al Congreso.
Los gastos por viáticos también se incrementaron tras la llegada de Corral al Gobierno, según los informes de la Secretaría de Hacienda.
Hacia septiembre y octubre de este año, recortes de personal, particularmente en el área de salud, fueron anunciados por el Gobierno estatal. Eduardo Fernández, director de Egresos de Hacienda, justificó la medida bajo el argumento de que con una burocracia que había crecido tres veces en los últimos diez años no había margen para gasto público.
Recortes, ineficaces
Para Kristóbal Meléndez, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el recorte de personal no es la mejor medida para frenar la deuda pública.
“Se vuelve prioritario mantener el empleo del personal en el Gobierno, sobre todo porque muchas veces hay otros gastos que se pueden recortar. El tema es eficientar el gasto público”, manifestó.
Aumentar los impuestos, puntualizó, es el método más eficaz para recaudar dinero y destinarlo al pago de la deuda.
“Muchas veces hay muchos gastos que se pueden recortar, por ejemplo el periódico (Cambio 16), antes que despedir gente, porque además hay obligaciones contractuales”, indicó.
Mientras que Alejandro Sandoval consideró que si se aplican recortes es necesario que sean enfocados a hacer más eficiente el trabajo de los burócratas.
“En el caso de la deuda pública subnacional, la mejor administración pública es empequeñecer el gasto corriente y hacerlo eficaz, sobre todo para evitar el gasto en cosas no necesarias”, mencionó el analista.
Imparable, la deuda carretera
Después de la deuda de largo plazo (de más de 20 mil millones de pesos), el segundo pasivo más grande de Chihuahua corresponde al fideicomiso carretero, de más de 15 mil millones de pesos.
En el sexenio anterior, el Gobierno del Estado de Chihuahua aprobó concesionar la explotación de los tramos carreteros a Fibra Estatal, creada entonces como fideicomiso emisor de certificados bursátiles de desarrollo.
La concesión tiene su origen en 1989, cuando el Gobierno federal otorgó a Chihuahua la cesión de los tramos carreteros de peaje para su explotación y aprovechamiento, con vigencia a agosto de 2049.
Tras una bursatilización inicial de 14 mil 799 millones de pesos contratada en UDIS, la deuda suma hoy 15 mil 969 millones de pesos, de acuerdo con los datos correspondientes al segundo trimestre de 2018 de la SHCP.
En julio del año pasado el Gobierno de Chihuahua aprobó la disolución de Fibra Estatal Chihuahua con la finalidad de retomar el control, a través de la Secretaría de Hacienda, del cobro de peajes carreteros, principal ingreso propio de las finanzas estatales.
A la fecha, la administración encabezada por Corral no ha obtenido la autorización necesaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de la Federación para consumar la operación.
De acuerdo con fuentes de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, las negociaciones con el Gobierno federal para avanzar en la autorización están suspendidas, en espera de que sea la nueva administración –que entrará en funciones el 1 de diciembre– con la que se dé trámite a la solicitud.
Jesús Valenciano, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso estatal, confirmó en una entrevista en septiembre pasado que sería hasta después de diciembre cuando el Gobierno reiniciaría los acercamientos con las dependencias federales requeridas para conseguir la autorización del término de la cesión a Fibra Estatal y, posteriormente, su disolución.
En diciembre de 2017, Arturo Fuentes Vélez, secretario de Hacienda de Chihuahua, calculó que el monto que recibiría el Estado de forma directa por los peajes carreteros sería de 2 mil 821 millones de pesos anuales, que siguen manejados por Fibra Estatal Chihuahua, empresa que destina prácticamente la totalidad del dinero al pago de una deuda que hasta septiembre de este año era de más de 15 mil millones de pesos.
El gobernador Corral envió el 10 de julio del año pasado la iniciativa al Congreso para el término adelantado de la concesión entregada a Fibra Estatal, empresa creada durante el sexenio de César Duarte.
Días después, con la aprobación de casi todas las bancadas a excepción de Morena y Nueva Alianza, el Congreso de Chihuahua aprobó la modificación, que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 15 de julio.
Desde entonces, de acuerdo con el titular de Hacienda, iniciaron las gestiones para que tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dieran su aprobación al decreto.
Hacia diciembre de 2017 Fuentes Vélez acudió al Congreso en una comparecencia en la que, entre otros temas, respondió sobre la tardanza en la aprobación de la reforma.
“Fuentes Vélez mencionó que en el caso de la empresa Fibra Estatal Chihuahua SA de CV se han realizado varias gestiones ante autoridades federales, como con personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con la Comisión Bancaria y de Valores; sin embargo, indicó que son procesos largos y aunque el trámite esté en curso no se sabe con exactitud cuándo será resuelto”, dijo el funcionario el 5 de diciembre, de acuerdo con un boletín del Legislativo.
En enero de este año, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores celebró un par de asambleas con los tenedores de los títulos de deuda de Fibra Estatal. En las reuniones, las instituciones crediticias avalaron el cambio, por lo que únicamente está pendiente la respuesta de la SCT.
En la exposición de motivos del decreto enviado por el Ejecutivo se explicó que la reforma era una de las medidas que tomaría el Ejecutivo para sanear las finanzas estatales:
“El principal activo productivo del Estado de Chihuahua son las carreteras estatales, más las dos concesiones de carreteras otorgadas por la Federación al estado de Chihuahua”.
“Regresar a la situación previa del Decreto 1039/2015 I PO (que creó la empresa)... generaría una mayor confianza y certidumbre entre los participantes de las emisiones carreteras, ya que el principal actor sería el propio Estado, y no una mera empresa de participación estatal mayoritaria. Con ello, además, se favorecería la transparencia; se buscaría obtener una mejor calificación de la operación, así como mayores beneficios fiscales; y se buscarían liberar garantías, como la obligación solidaria a cargo de Fibra Estatal Chihuahua, SA de CV”, se argumentó en la exposición de motivos.
Los tramos que actualmente son explotados por Fibra Estatal son: Kilómetro 188-Jiménez, del kilómetro 188+000 al 234+400 (Jiménez); Chihuahua-Sacramento, del kilómetro 18+000 al 31+300 (Sacramento); Santa Isabel-Cuauhtémoc; del kilómetro 45+500 al 97+000 (Cuauhtémoc); Laguna-Flores Magón, del kilómetro 0+000 al 77+200 (Flores Magón); Acortamiento Flores Magón-Galeana, del kilómetro 0+000 al 61+900 (Galeana); Samalayuca-Santa Teresa, del kilómetro 0+000 al 28+500 (Samalayuca); Chihuahua-Ojinaga; del kilómetro 0+000 al 112+600 (Ojinaga); tramo entre Delicias y Camargo, localizado entre los kilómetros 70+000 y 137+000 del tramo Jiménez-Chihuahua y México-Ciudad Juárez (El Sueco).
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