Salud Ochoa
El Diario
Chihuahua— Hoy, lunes 22 de octubre, se cumplen seis años del homicidio de Ismael Solorio Urrutia y Manuela Solís Contreras, por lo que miembros de la organización campesina El Barzón preparan algunas actividades de protesta debido a los nulos resultados en el esclarecimiento del doble asesinato.
De acuerdo con información de Joaquín Solorio, la carpeta de investigación ha estado “durmiendo el sueño de los justos” y a pesar de que se tiene identificado al presunto homicida, la Fiscalía no ha concretado una orden de aprehensión existente.
“Vamos a realizar una protesta porque el tiempo sigue pasando y no se ha encontrado culpable alguno. En la anterior administración, se hicieron las diligencias, existe una orden de aprehensión, la autoridad sabe quién es el responsable, pero no han hecho nada”.
Solorio aseguró que después de dos años transcurridos de la actual administración estatal, apenas pretenden empezar a hacer algunas diligencias.
“No hemos sido recibidos por el fiscal general del estado, en la Zona Centro nos han atendido, pero apenas empiezan a querer hacer algunas diligencias después de dos años de estar al frente. No se le ha dado seguimiento puntual al caso”, recriminó.
La familia de Ismael Solorio Urrutia y su esposa Martha Manuela Solís Contreras acusó que la Fiscalía General del Estado cuenta con toda la información para detener a los responsables, quienes aseguran, viven en el mismo ejido que ellos, Benito Juárez, del municipio de Buenaventura.
Fueron ejecutados tras amenazas
El 22 de octubre de 2012, Ismael Solorio Urrutia y Manuela Solís Contreras fueron asesinados cuando transitaban en la carretera de Álvaro Obregón a Cuauhtémoc con rumbo a la ciudad de Chihuahua. Sus cuerpos fueron encontrados dentro de una camioneta de su propiedad, estacionada en una brecha del campo menonita número ocho.
Con base en los impactos de bala que presentaba el vehículo, se estableció que los agresores dispararon en repetidas ocasiones y, según declaraciones hechas por allegados a las víctimas, así como por integrantes de El Barzón, antes de los homicidios, Ismael y Manuelita recibieron amenazas de muerte debido a que lideraban la lucha contra los daños que la minera Mag Silver y su filial El Cascabel, ocasionaron en la región, así como la sobreexplotación de pozos irregulares, a cargo principalmente de algunos menonitas de la región.
Luego del crimen de la pareja, cientos de campesinos afiliados a El Barzón montaron un plantón frente al Palacio de Gobierno, emitiendo diversas exigencias a la autoridad, así como la necesidad de contar con protección.
La semana previa al homicidio, ejidatarios y barzonistas de Benito Juárez habían tenido roces violentos donde se acusaban mutuamente de perjudicar la economía local como consecuencia de los conflictos agrarios.
En ese lapso ya se habían registrado enfrentamientos a golpes entre ambos bandos, por lo que el Gobierno del Estado fue alertado que, de no mediar en dicho conflicto, podría haber muertos, ya que existían armas de por medio.
El sábado 13 de octubre de ese año, luego de ser golpeados por un grupo de asalariados de la minera, Ismael Solorio y su hijo Eric, un contingente de El Barzón y las organizaciones que con él se solidarizaban, se hicieron presentes en el Palacio de Gobierno para exigir que el Ejecutivo estatal garantizara la gobernabilidad en el pueblo y la integridad física de todos quienes participaban en el movimiento barzonista.
Posterior a la entrevista colectiva con el secretario de Gobierno, un grupo de gente, supuestamente pagada por la mina, acudió al Congreso del Estado, donde fueron apoyados por legisladores del PRI. En dicha reunión se volvió a atacar y amenazar a quienes formaban parte de la mayoría ejidal que se oponía a la mina.
Al conocerse de la doble ejecución, dirigentes de El Barzón y acompañantes de algunas organizaciones civiles de Chihuahua acudieron a Palacio de Gobierno a plantear sus exigencias ante el entonces gobernador César Duarte para que se hiciera justicia, lo cual a la fecha, un sexenio más tarde, sigue sin encontrarse al culpable.
Para la familia de los Solorio Solís, no hay voluntad para hacer justicia por los dos defensores de derechos humanos, y por ello, los parientes cuentan con medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que han sido amenazados en diferentes ocasiones, puesto que su lucha contra la sobreexplotación de acuíferos y la minera sigue en pie.
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